El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de comprar, a precio comercial, 5 millones de hectáreas de tierra a sus actuales dueños para luego venderlas a menor precio a campesinos o pequeños y medianos empresarios.
«Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden hacer exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos con un fin fundamental: 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial», explicó Petro.
El mandatario explicó que esas tierras luego serán vendidas «a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos y medianos empresarios con un objetivo fundamental: crear una base de justicia social en el mundo agrario».
Históricamente, la disputa y la falta de la tierra para los campesinos ha sido una de las causas del conflicto armado colombiano y esa tensión se ha intensificado en las últimas semanas por el aumento de las invasiones a predios en distintas regiones del país.
Petro recordó que, desde hace décadas, en Colombia, los campesinos han sido expulsados de sus tierras y «se las estaban tomando a la fuerza, con masacres, con fosas comunes, 200.000 colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia».
El presidente se preguntó en dónde están esas tierras, en manos de quién quedaron, en qué van las denuncias «sobre tamaño crimen contra la humanidad».
Y, en esa dirección, dijo que se fortalecerá la restitución de tierras, un derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado.
Igualmente, Petro explicó que en las últimas décadas el dinero del narcotráfico compró millones de hectáreas de tierra fértil para blanquear capitales ilícitos como lo hizo en su momento el narcotraficante Pablo Escobar.
«La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras que acapararon las tierras fértiles del país para no producir nada. Quedaron en manos de testaferros, algunos procesos judiciales han logrado extinción del dominio sobre algunas, pocas, la mayoría aún están en discusión judicial, así que Colombia necesita una reforma agraria», concluyó.
Reforma agraria en marcha
A propósito del tema, el Gobierno colombiano puso en marcha una reforma agraria que comenzará con la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes.
La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, dijo que, en esta primera fase, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se entregarán los títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 departamentos del país.
Estas tierras se entregarán «a poblaciones campesinas, a resguardos indígenas y a comunidades afrodescendientes», que tendrán «apoyo institucional para programas productivos y de desarrollo rural”, dijo López.
