La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló el modus operandi de multinacional Odebrecht, que permitió la entrega de dádivas en varios países de América Latina para lograr la adjudicación de importantes obras de infraestructura, este mecanismo era tan efectivo que logró pasar desapercibido durante una década.
El organismo afirmó que la empresa brasileña creó la División de Operaciones Estructuradas, que en realidad era un departamento de soborno independiente, que reportaba sus actividades ilícitas a los más altos niveles directivos de esa compañía para obtener autorización del pago de sobornos, a través de una compleja red de empresas fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior.
En el caso de Colombia las conductas irregulares de la empresa y sus socios se dieron en dos fases, la primera consistió en el pago de 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, con el fin de garantizar la adjudicación de la obra a través de prácticas anticompetitivas.
“José Elías Melo se compromete a participar del tema como presidente de Corficolombiana, después se da cuenta que él no puede pagar la parte del soborno porque esta corporación es vigilada por la Superintendencia Financiera, Odebrecht le dice nosotros pagamos los 6,5 millones de dólares y usted nos lo reembolsa y cuando se empieza este proceso a través de contratos ficticios es cuando abre la caja de pandora”, indicó el superintendente Andrés Barreto.
Los pagos fueron girados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, empleando recursos económicos no contabilizados vía offshore que se encontraban en paraísos fiscales.
La segunda fase del entramado se da cuando la empresa busca garantizar la adjudicación del contrato con la finalidad de mejorar sus condiciones a través de modificaciones contractuales o adiciones, con el ilegítimo propósito de extraer la mayor utilidad posible del proyecto Ruta del Sol tramo II.
“Se instrumentalizaron contratos y se contó con la actuación de Otto Nicolás Bula, a quien se le encomendaron gestiones para obtener la adición contractual, evitando el riesgo que le representaba a la concesionaria competir en un escenario de libre concurrencia por las obras adicionales en un proceso de licitación pública”, aseguró el funcionario.
Por esta labor se pactó una contraprestación equivalente al 1% del valor de la adición, es decir, 4,6 millones de dólares, dinero que fue girado a través de cuentas de empresas en el exterior y con recursos no contabilizados vía offshore.
A través de este mecanismo la empresa logró realizar los pagos de las coimas en varios países del mundo, hasta que en 2016, altos ejecutivos de la constructora aceptaron sus actos de corrupción ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
