«Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y de dimensión extraordinaria», dijo en un comunicado Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Bachelet reconoció que México ha dado pasos para enfrentar la crisis como la creación de la Ley General de Desapariciones y la conformación de comisiones nacionales de búsqueda, pero insistió en que se deben redoblar esfuerzos.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que visitó el país en noviembre pasado y considera el problema como una «tragedia humana», se sumó a los llamados de la comisaria.
En un comunicado, el CED y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU lamentaron que a pesar del trabajo de autoridades, organizaciones y familiares, estos crímenes siguen «ocurriendo a diario en México reflejando un patrón crónico de impunidad».
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado en el pasado esos señalamientos.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde 1964 hasta la fecha en el país se desconoce el paradero de 100.012 personas, aunque colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza.
Las desapariciones comenzaron en México con la llamada «guerra sucia» de las autoridades contra los movimientos revolucionarios de las décadas de 1960-1980.
Pero su número se disparó a partir de la década de 2000, con el aumento de la actividad de los narcotraficantes y la guerra que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró a los cárteles al inicio de su gobierno.
Desde entonces, la espiral de violencia deja además unos 340.000 asesinatos vinculados al tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, entre otros.
Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, al norte de México, quien lucha por encontrar a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, declaró a la agencia AFP que la crisis está alentada por la desidia del Estado.
«Si las autoridades hicieran su trabajo, no hubiera tanto desaparecido (…). Para ellos, un desaparecido es un delincuente menos, una estadística más», sostuvo.
Los colectivos como el que conforma Flores se dedican a buscar a sus seres queridos con pico y pala en fosas clandestinas. En el intento desesperado por localizar a sus seres queridos, algunas personas también desaparecen.
Tras conocerse que las víctimas habían superado las 100.000, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos de búsqueda, exigió igualmente a López Obrador hacer de esta crisis una «prioridad decidida de su gobierno» y no delegarla, según un comunicado.
En agosto pasado, esa organización reclamó frente al palacio presidencial de la búsqueda de los desaparecidos, que hasta ese momento sumaban 90.000.
Los llamados a contener el problema también incluyen al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió fortalecer «los mecanismos de prevención, búsqueda e identificación».
Crimen organizado
A la par de los homicidios y las desapariciones forzadas, México enfrenta una crisis forense, reflejada en la existencia de 37.000 cadáveres sin identificar en las morgues, aunque organizaciones civiles creen que la cifra llega a 52.000.
Algunas de esas personas terminan sepultadas en fosas comunes, por lo que el gobierno impulsa la creación de una base de datos de genética para cotejar muestras de ADN tomadas a parientes de desaparecidos con las de restos sin identificar.
Analistas ven al crimen organizado como una de las principales razones detrás del fenómeno de las desapariciones, si bien hay otros crímenes como la trata de personas o el tráfico de migrantes, que en ocasiones involucran a autoridades.
De hecho, algunos de los estados con más desaparecidos, como Jalisco (oeste) y Tamaulipas (norte), son al mismo tiempo duramente golpeados por la violencia ligada al crimen organizado y la corrupción policial, según oenegés.
