Durante una conversación que duró dos horas y media, ponentes expertos en derecho disciplinario en el país, analizaron el impacto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Petro vs Colombia, en materia jurídica con respecto al cumplimiento de los deberes funcionales y derechos políticos, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial de aquellas personas que trabajan en el sector público.
Lejos de las pasiones políticas, los panelistas pusieron sobre la mesa la jurisprudencia que rodea la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cambiar el ordenamiento interno en el país, para que los funcionarios de elección popular no puedan llegar a ser inhabilitados o destituidos por medio de autoridades administrativas.
Para José Omar Ortiz Peralta, Colombia no puede cumplir la sentencia de la CIDH bajo una interpretación literal de la convención porque en su concepto “se resquebrajaría todo el andamiaje que se construyó desde la Constitución del 91. La arquitectura nacional no debe resquebrajarse, la sentencia de la CIDH nos permite cumplirla bajo una interpretación sistemática”.
La sentencia en su interpretación textual abarca a aquellos que llegan a sus cargos por medio de la elección popular, sin embargo. Andrés Flórez Heredia analizó sus alcances desde el Articulo 3 de la Constitución “La soberanía reside en el pueblo, el cual la ejerce directamente o a través de sus representantes. El Procurador General de la Nación, por ejemplo, lo elige el Congreso, que está conformado por representantes del pueblo. Esa es una forma de elección en representación”.
Según Diego Felipe Bustos Bustos se deben tomar acciones con prontitud para evitar que el fallo genere vacíos que deriven en un “carnaval de la corrupción” donde servidores y funcionarios públicos condenados busquen en esta sentencia una excusa para librarse de sus condenas. Para él la solución es llevar estos procesos bajo la figura de homologación, llevando las decisiones administrativas a una revisión por parte de una autoridad judicial para convalidar la decisión del organismo administrativo.
La conversación se desarrolló vía Facebook Live en la página de la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística, en donde quedó alojado el evento en la lista de reproducción del fan page para aquellas personas que quieran revivir el análisis de esta sentencia, que dejó como conclusión que el derecho disciplinario puede aprovechar esta coyuntura para fortalecer sus estructuras y accionar.
