Al ser preguntado por el juez, Hernández, de 53 años, se declaró en español «no culpable» de los cargos, pasibles de cadena perpetua. La fiscalía tiene ahora 60 días para preparar las pruebas y la defensa un plazo similar para analizarlas.
La próxima audiencia está prevista el 28 de septiembre y en la misma se definirá la fecha del juicio, que previsiblemente se iniciará a principios del año próximo con la constitución del jurado que con su fallo sellará el futuro del exmandatario.
Vestido con pantalón y blusa azul marino de manga corta y por debajo camiseta y zapatillas color naranja, el color de los presos en las cárceles estadounidenses, Hernández, que fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril, parecía relajado. Al entrar a la sala de la audiencia, se dirigió al numeroso público e hizo un breve saludo llevándose la mano al corazón.
Ello no evitó que al término de su comparecencia oyera improperios del público que lo llamaron «Rata», «Asesino», «¡A arrepentirse, Juan Orlando!».
«Incomunicado»
Su abogado Raymond Colon se quejó ante el juez por las condiciones de detención de su defendido, del que dijo, está «incomunicado».
Según el abogado, solo ha podido visitar a su cliente en dos ocasiones en los 20 días que lleva detenido el expresidente hondureño, quien no puede «hacer llamadas a su familia ni acceder al correo electrónico, ni hacer ejercicio físico».
Condiciones que el abogado comparó con las de un «prisionero de guerra» o «un terrorista» o alguien que haya «matado a alguien», a lo que algunas personas del público reaccionaron con una carcajada.
El juez prometió que pediría a las autoridades del gobierno que contacte al personal del centro de detención para tener una explicación por las condiciones de cautiverio denunciadas por el letrado.
«No puedo imaginar por qué no podría llamar a la familia, tener acceso al correo electrónico o a los abogados», sostuvo el juez Kevin Castel, el mismo que presidió el juicio que enviara a su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández tras las rejas en Estados Unidos por el resto de sus días.
Por el momento, JOH, como es conocido en Honduras, seguirá detenido. La defensa anunció posteriormente a la prensa que está tratando de encontrar los avales para presentar una fianza «de varios millones» para que el expresidente, que entregó el mando a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, el pasado 27 de enero, pueda aguardar el juicio en libertad.
JOH está acusado de recibir «millones de dólares» de cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y de crear un «narcoestado» durante su presidencia (2014-2022).
Este mismo martes fue extraditado el exjefe de la Policía Nacional hondureña Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, acusado de «supervisar» las supuestas operaciones de narcotráfico de JOH.
Bonilla «presuntamente abusó de sus puestos en la policía hondureña para burlar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de tráfico de drogas», indicó en la época el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman.
500 toneladas
Según la fiscalía estadounidense, Hernández habría ayudado a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Según la acusación, el dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y «financiar su campaña política y cometer fraude electoral» en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.
La defensa espera contar con el testimonio de personas de las sucesivas administraciones estadounidenses, de Barack Obama y Donald Trump, con los que colaboró para extraditar a otros narcotraficantes que actualmente cumplen condenas en Estados Unidos.
El acusado, que llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y la lucha contra el crimen organizado, podría buscar llegar a algún acuerdo con la fiscalía para ver reducida su pena.
Pero la justicia estadounidense parece estar dispuesta a enviar un mensaje contundente, como ya lo hizo con su hermano «Tony», con su colaborador Geovanny Fuentes Ramírez condenado a cadena perpetua, y con Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), que cumple 24 años de cárcel por el mismo delito.
Las autoridades de Estados Unidos han advertido que están decididas «a desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadounidenses».
