La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.
De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda.
Los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.
Las acciones adelantadas se originaron en una compulsa de copias ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación adelantada en contra de Benedetti. Información suministrada por la DIAN permitió establecer que Benedetti Villaneda presenta patrimonios por justificar para los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
El material probatorio recaudado evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar. A estas acciones se habría sumado Ruby Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por $1.600 millones, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE), para la época en la que dicha entidad era investigada por los entes de control tras actuaciones irregulares que afectaron las finanzas de la administración pública.
De esta manera las medidas cautelares se impondrán sobre tres lotes ubicados en Puerto Colombia (Atlántico), adquiridos por la cónyuge del Senador, respecto de quien se identificaron incrementos patrimoniales injustificados en la misma época de adquisición de tales bienes; así
como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio (Meta), en cabeza de Ruby Corredor Ruiz y su hija.
Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
