El fallo del Consejo de Estado que ordena pagar una millonaria indemnización a los familiares de los 11 diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc, también ordena capacitar a los miembros de la Policía Nacional en materia de procedimientos militares y policiales a la luz de los Derechos Humanos.
La orden va dirigida al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional con el fin de realizar capacitaciones en todos los comandos, batallones, unidades y patrullas militares.
El objetivo de la capacitación va encaminado a que los hechos no se repitan y “se obliga a estudiar este fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejército Nacional (Policía Nacional)”.
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas, resguardando su vida, por tratarse de un derecho de carácter fundamental e inviolable”, sostiene la sentencia.
El fallo también ordena a la Fiscalía y a la Procuraduría General abrir investigaciones penales y disciplinarias, respectivamente, contra los agentes estatales que pudieran estar involucrados en los hechos, “si aun no se ha hecho”.
La sentencia reconoció que la muerte de los 11 diputados del Valle ocurrida en el 2007 fue un hecho relacionado con su secuestro llevado a cabo por la guerrilla de las Farc en el 2002.
“La muerte de los 11 diputados tuvo lugar en el marco de un conflicto armado, involucra delitos de lesa humanidad como la toma de rehenes, y estuvo precedida de la privación arbitraria de la libertad (…) junto con la conexidad entre el secuestro-toma de rehenes y la muerte en cautiverio”, sostuvo el fallo.
Sigifredo López, el único diputado que sobrevivió al secuestro, celebró la decisión del Consejo de Estado pero advirtió que la pérdida de un familiar “es irreparable”.
