Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira, cuestiona públicamente las afirmaciones del abogado Abelardo de la Espriella sobre su papel en el caso y la posterior ley de feminicidio, asegura que no participó en su construcción y denuncia maltratos durante el proceso judicial del caso emblemático.
El nombre de Rosa Elvira Cely sigue siendo uno de los más sensibles en la historia reciente de la justicia colombiana. Su asesinato en 2012 no solo conmocionó al país por la brutalidad del crimen, sino que también se convirtió en el punto de partida de un debate nacional sobre la violencia de género que derivó en la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el feminicidio como delito autónomo.
Más de una década después, el caso vuelve al centro de la conversación pública, esta vez no por el avance judicial, sino por una disputa sobre su memoria y su construcción institucional. La familia de la víctima, en particular su hermana Adriana Cely, ha salido a desmentir versiones atribuidas al abogado Abelardo de la Espriella, quien ha afirmado en distintos espacios haber tenido un rol determinante en el proceso judicial y en la gestación del marco legal posterior.
“Jamás, jamás en la vida, ese señor tuvo nada que ver en eso. Él nunca aportó una sola palabra”, afirma Adriana Cely, con una mezcla de indignación y cansancio acumulado por años de exposición pública del caso.
Según su relato, el papel del abogado en el proceso penal fue estrictamente técnico y limitado a la representación judicial del asesino confeso de su hermana. La familia, dice, fue quien realmente aportó el grueso del material probatorio. “Todas las pruebas las recogimos nosotras, gracias a mi familia, una prima y otras personas”, sostiene.
El proceso penal por el asesinato de Rosa Elvira Cely culminó en 2012 con la condena del responsable a 48 años de prisión por acceso carnal violento, tortura y homicidio agravado. Sin embargo, la figura del feminicidio aún no se había consolidado como tipo penal autónomo en el ordenamiento jurídico colombiano, pese a la existencia de agravantes previos en la legislación.
Ese vacío fue uno de los motores que impulsó a organizaciones de mujeres, académicas, legisladoras y activistas a construir lo que posteriormente sería la Ley 1761 de 2015. En ese proceso, según distintas voces del movimiento feminista, la familia de la víctima tuvo un rol activo en el acompañamiento, testimonio y legitimación social de la iniciativa.
Adriana Cely recuerda haber participado en reuniones, aportado documentos y acompañado discusiones técnicas sobre el proyecto de ley. “Yo estuve en las reuniones, conocí a las personas que construyeron el texto artículo por artículo”, explica.
En ese contexto, rechaza de manera tajante cualquier intento de atribuir a terceros la autoría o impulso central de la norma. “Nunca, nunca en la vida ese señor tuvo participación en la construcción de la ley de feminicidio”, insiste.
La controversia se reaviva a partir de declaraciones públicas recientes del abogado, quien ha afirmado en redes sociales haber defendido a las mujeres en casos emblemáticos como el de Rosa Elvira Cely y haber contribuido a leyes fundamentales en materia de violencia de género. Estas afirmaciones han generado reacciones en distintos sectores, especialmente entre quienes participaron directamente en la formulación de la legislación.
Isabel Agatón, una de las juristas que lideró el proceso de redacción de la ley, ha sido clara al respecto en distintos espacios académicos: el diseño del proyecto fue resultado de un trabajo colectivo entre organizaciones de mujeres, legisladoras y expertas en derecho penal, sin la intervención decisiva de figuras externas al movimiento.
Otra voz clave en ese momento, la entonces senadora Gloria Inés Ramírez, también ha señalado que el trámite legislativo fue complejo y requirió dos intentos para su aprobación definitiva, sin que actores externos al Congreso desempeñaran un papel determinante en su construcción.
En medio del debate, Adriana Cely también recuerda aspectos personales del acompañamiento que recibió durante el proceso judicial. Afirma que, aunque inicialmente aceptaron la representación legal del abogado, con el tiempo surgieron tensiones en la relación profesional y humana.
“No me gustaba cómo trataba a mi mamá”, relata. “Cuando ella daba su punto de vista, él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”.
Según su testimonio, la relación terminó rompiéndose por desacuerdos en la estrategia jurídica y por la percepción de un trato que considera inadecuado. “Nunca me sentí a gusto con él; siempre tuve la intuición de estar siendo utilizada”, añade.
Uno de los puntos más delicados del relato tiene que ver con el proceso de reparación económica contra el Estado, que la familia buscaba emprender tras la condena penal. Cely afirma que allí se presentaron propuestas contractuales que consideró inaceptables, incluyendo restricciones sobre la divulgación del caso y condiciones sobre la administración de eventuales indemnizaciones.
“Por nada del mundo vayas a firmar eso, es venderle el alma al diablo”, recuerda haber escuchado de una abogada consultada para revisar el documento.
La relación, según su versión, terminó de manera abrupta tras desacuerdos en la negociación. “Me dijo: ‘¿Usted qué va a saber de justicia?’”, recuerda Cely sobre una conversación posterior a una intervención médica. Poco después, asegura, el expediente fue devuelto sin mayor explicación.
Más allá del conflicto personal, el centro del debate actual es la disputa por la memoria pública del caso Rosa Elvira Cely y su instrumentalización en discursos políticos y profesionales. Para la familia, la apropiación de su historia representa una forma de revictimización.
“Nos trató mal”, afirma Adriana Cely con contundencia. “Y ahora intenta decir que fue parte de algo que construyeron otras mujeres con mucho esfuerzo”.
El caso también reabre una discusión más amplia sobre cómo se narran los procesos judiciales emblemáticos en Colombia y quiénes son reconocidos como actores principales en la construcción de políticas públicas derivadas de ellos. En el campo del derecho y la memoria, la autoría simbólica de las transformaciones legales suele ser objeto de disputa, especialmente cuando se cruzan figuras públicas, procesos mediáticos y agendas políticas.
Para las mujeres que participaron en la elaboración de la ley, el riesgo de distorsión histórica no es menor. “Esto no se trata solo de un nombre o de un reconocimiento personal”, señala una de las juristas involucradas en el proceso. “Se trata de respetar el trabajo colectivo que permitió que el feminicidio fuera reconocido como delito”.
En este escenario, la familia de Rosa Elvira insiste en una idea central: el legado de su hermana no puede ser utilizado como plataforma de legitimación individual.
Mientras tanto, el debate continúa abierto en la opinión pública, entre versiones enfrentadas, recuerdos dolorosos y una disputa por el sentido de una de las leyes más importantes en la lucha contra la violencia de género en Colombia.
