La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, rompió su silencio el martes tres de junio frente a la orden de captura internacional solicitada por el Ministerio Público de Guatemala en su contra, en medio de un ambiente creciente de tensiones diplomáticas y políticas.
“Estamos observando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la Fiscalía y contra mí misma, motivado por nuestra lucha decidida contra la corrupción y la criminalidad organizada”, declaró Camargo.
La jefa del ente acusador aseguró que los señalamientos en su contra, relacionados con su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2014 y 2017, carecen de sustento jurídico y responden a intereses políticos que intentan desacreditar su gestión y la de otros operadores de justicia involucrados en investigaciones sensibles.
Camargo explicó que la orden emitida por una sala de apelaciones guatemalteca viola acuerdos internacionales, especialmente el artículo 10 del convenio firmado entre Naciones Unidas y Guatemala, el cual garantiza inmunidad penal, civil y administrativa a los funcionarios internacionales de la CICIG, incluso después de haber dejado sus funciones.
“Más allá de la inmunidad que me ampara, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, señaló.
La fiscal detalló que los hechos cuestionados —como intercambiar correos electrónicos y participar en reuniones sobre colaboración eficaz— fueron parte de una metodología investigativa legítima, que permitió documentar el pago de sobornos de Odebrecht a altos funcionarios del Estado guatemalteco.
Esa investigación, dijo, generó un compromiso de la constructora brasileña para indemnizar al Estado con 16.5 millones de dólares.
En su intervención, Camargo citó el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien alertó recientemente sobre un “patrón de persecución política en Guatemala” mediante el uso del derecho penal contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
“No se puede criminalizar a quienes luchamos contra la corrupción. Eso no solo socava la justicia, sino que también pone en riesgo la cooperación entre países para combatir el crimen organizado”, dijo la fiscal.
Camargo también destacó que bajo su administración la Fiscalía colombiana ha avanzado en renovar sus estructuras internas, intensificar la articulación institucional y fortalecer la cooperación judicial internacional con países de América Latina, Europa y los Balcanes.
“Esta persecución no me va a intimidar. No se trata solo de defenderme a mí, sino de proteger la legitimidad del trabajo de cientos de funcionarios que día a día combaten el crimen transnacional”, puntualizó.
“Estamos observando que la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación. Más allá de la inmunidad que me ampara, me cobija… pic.twitter.com/IDfnmlZL6y
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 3, 2025
APN Noticias
