La Fiscalía General de la Nación acusó a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, como presunto articulador del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El proceso judicial avanza con nueve vinculados.
El país sigue conmocionado por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, señalado como el principal articulador del plan criminal.
De acuerdo con las investigaciones, Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores al ataque armado, definiendo los roles de los demás implicados. La Fiscalía sostiene que alias Chipi organizó reuniones en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad, en fechas cercanas al crimen, con el objetivo de planear la ejecución del atentado.
Los elementos probatorios indican que alias Chipi participó en las vigilancias a la víctima y en el reconocimiento del lugar donde se perpetraría el ataque. Además, habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay, siguiendo de cerca la ejecución del crimen.
La acusación formal incluye delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Antecedentes del caso
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien se perfilaba como una figura clave en la política nacional y aspiraba a la Presidencia de la República, generó un fuerte impacto en la opinión pública. Uribe Turbay había construido su carrera política con base en propuestas de renovación y lucha contra la corrupción, lo que lo convirtió en un referente para sectores ciudadanos que querían alternativas frente a las estructuras tradicionales.
El crimen fue ejecutado en plena vía pública, cuando el senador lanzaba un discurso en una calle sin mayor vigilancia. La acción violenta, atribuida a un adolescente, fue el resultado de un plan más amplio en el que participaron al menos nueve personas. La Fiscalía ha vinculado a todos los presuntos responsables, de los cuales uno fue condenado mediante preacuerdo y el menor de edad recibió sanción en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).
La captura de Elder José Arteaga Hernández se produjo tras un seguimiento exhaustivo de las autoridades, quienes lograron establecer su papel como coordinador del atentado. Según la Fiscalía, alias Chipi no solo definió los roles de los demás implicados, sino que también supervisó las vigilancias y el suministro de armas.
Su detención representó un avance significativo en el esclarecimiento del magnicidio, pues se trata de uno de los presuntos responsables con mayor nivel de participación en la planeación y ejecución del crimen. La Fiscalía intentará demostrar en juicio oral que Arteaga Hernández fue el articulador de la estructura criminal que atentó contra la vida del senador.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay marcó un punto de inflexión en la política colombiana. Su condición de precandidato presidencial le otorgaba un papel central en el debate público, y su muerte dejó un vacío en sectores que lo consideraban una opción de cambio.
El magnicidio también reavivó las discusiones sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, un país que ha enfrentado históricamente la violencia contra figuras públicas. La sociedad civil, organizaciones internacionales y partidos políticos condenaron el crimen y exigieron garantías para el ejercicio democrático.
Proceso judicial en curso
Con la acusación contra alias Chipi, la Fiscalía avanza en el proceso judicial en búsqueda de esclarecer todas las responsabilidades. La vinculación de nueve personas refleja la complejidad del caso y la existencia de una estructura organizada detrás del atentado.
El juicio oral contra Arteaga Hernández será clave para determinar la magnitud de su responsabilidad y las posibles conexiones con otros actores. La Fiscalía insiste en que se trató de un plan articulado, con roles definidos y acciones coordinadas, lo que configura un delito de magnicidio con implicaciones profundas para la institucionalidad.
