- Los funcionarios habrían permitido sobrecostos y otras actuaciones ilícitas que ocasionaron la pérdida de 1.600 millones de pesos.
- Por estos hechos fueron imputados un integrante de la unión temporal y dos intermediarios que habrían sido favorecidos con el contrato.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los exgobernadores de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flórez y Manuel Alberto Villalba Tavera, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
El 23 de diciembre de 2015, el departamento celebró un contrato con la Unión Temporal Dotación Vichada, cuyo objeto fue la dotación del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (CINER), por valor un valor superior a 2.318. millones de pesos, que correspondían a recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Los elementos de prueba indican que el entonces gobernador Espinosa Flórez presuntamente favoreció al contratista, previo acuerdo con algunos particulares interesados en el proyecto, y definió las condiciones y términos del contrato, con un presupuesto oficial que superó los costos del mercado.
De otra parte, Villalva Tavera, como gobernador encargado durante distintos meses de 2015, certificó la disponibilidad de los dineros, abrió la licitación pública como un simple requisito formal, suscribió el pliego de condiciones sustentado en múltiples irregularidades, participó en la adjudicación y celebró el contrato.
Con sus actuaciones, los exgobernadores habrían permitido la apropiación de dineros en favor de la unión temporal en cuantía superior a 1.600 millones de pesos, por concepto de sobrecostos.
Imputación a contratistas
Por las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la dotación del CINER, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control garantías a uno de los integrantes de la unión temporal presuntamente beneficiada, y dos intermediarios. Les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Los investigados son: el representante y contratista, Manuel Eduardo Torres Robayo; y Luciela Gallo Álzate y César Augusto Zambrano Garnica. Estas personas no aceptaron los cargos en su contra, informó la Fiscalía General de la Nación.
