El guardia de la cárcel La Modelo de Bogotá Marco Javier Morantes Pico fue acusado por la Fiscalía colombiana de ser el presunto responsable de secuestrar a la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.
«En la investigación se constató que la comunicadora llegó a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá para realizar una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’, un exintegrante de las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). En la puerta del centro penitenciario fue atendida por el hoy procesado, quien estaba encargado del filtro de acceso y, supuestamente, la mantuvo en espera durante casi media hora», dijo el organismo en un comunicado.
La periodista fue secuestrada en la puerta de la cárcel el 25 de mayo en medio de una investigación sobre el tráfico de armas al interior del centro penitenciario donde estaban implicados miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Bedoya fue subida a un vehículo y llevada a una bodega durante 16 horas, donde la torturaron y violaron. Pasado ese tiempo fue abandonada en la ciudad de Villavicencio, a unos 78 kilómetros de la capital colombiana.
Según la Fiscalía se «estableció que esta acción fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes privados de la libertad, con apoyo de algunos funcionarios de la fuerza pública» y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y «que actuaron en venganza por las publicaciones que hacía la periodista».
El Estado colombiano, condenado por Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, condenó al Estado colombiano el pasado 18 de octubre por violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de Bedoya.
La Corte IDH declaró que el Estado colombiano no tuvo la «debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre los hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable».
El caso fue presentado ante la Corte en 2011 por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que alegó que el Estado era responsable por los delitos cometidos contra la periodista.
