Fiscales brasileños acusaron este martes de homicidio voluntario a 16 funcionarios y exfuncionarios del grupo minero Vale y de la firma alemana TÜV SÜD, por ocultar los riesgos del dique que hace un año se derrumbó en Brumadinho (sudeste) causando 270 muertos.
Las dos empresas fueron acusadas por otra parte de «crímenes ambientales», precisó el promotor William Garcia Pinto Coelho, del Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG), en una conferencia de prensa en Belo Horizonte.
Entre los denunciados figura Fábio Schvartsman, expresidente de Vale, que «actuó directamente para crear la falsa impresión de plena seguridad en los diques» del mayor productor mundial de mineral de hierro, en complicidad con TÜV SÜD, a cargo de las auditorías de riesgo, indicó Pinto Coelho.
TÜV SÜD emitió «declaraciones de estabilidad falsas, con el objetivo de servir de escudo para que las actividades de Vale permaneciesen subrepticiamente arriesgadas»; «el objetivo de esas omisiones era evitar impactos negativos en la reputación de Vale, que pudiesen afectar su valor en el mercado», agregó.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) había indicado en noviembre que Vale estaba al tanto de problemas en el sistema de drenaje instalado siete meses antes del desastre.
Pero, según la Fiscalía, ese ocultamiento deliberado «perduró por lo menos desde noviembre de 2017 hasta el 25 de enero de 2019», cuando la rotura de un dique del complejo minero Córrego do Feijao, en el municipio de Brumadinho, generó una marea de lodo que arrasó con todo lo que halló a su paso y dejó 270 muertos.
Entre las víctimas hay aún 11 desaparecidos, cuya búsqueda prosigue hasta hoy día.
Las acciones de Vale perdieron 2,32% al cierre de la Bolsa de Sao Paulo, donde fueron las más negociadas. El índice Ibovespa, principal indicador de la bolsa paulista, concluyó la jornada con un retroceso de 1,54%.
Tragedia repetida
Vale tenía una «‘caja negra’ de informaciones sobre las estructuras» en riesgo, con un «top 10 de las represas en situación inaceptable», entre las que se hallaba la de Brumadinho, dijo Pinto Coelho.
En un comunicado, la empresa brasileña expresó su «perplejidad frente a las acusaciones de dolo» [intención deliberada de cometer un delito] y afirmó que es «prematuro» apuntar que hubo una «asunción de riesgo consciente para provocar una deliberada ruptura del dique».
TÜV SÜD reiteró por su parte «su compromiso con el esclarecimiento de los hechos» y su disposición a «seguir ofreciendo su cooperación con las autoridades e instituciones de Brasil y Alemania».
Un mes después de la tragedia, Minas Gerais aprobó una ley «Mar de lodo nunca más», que endurece las condiciones de obtención de licencias para actividades mineras.
Vale procedió por su lado a inhabilitar los diques construidos con la técnica de montante, similar a la de Brumadinho, consistente en alzar el nivel de las represas utilizando sus propios residuos almacenados.
Las acusaciones de «homicidio doloso» (voluntario) son pasibles de penas de 12 a 30 años de cárcel, dijo el fiscal Pinto Coelho. Las de «crímenes ambientales» son castigadas con «penas menores», agregó, sin datallar.
Esta fue la segunda gran tragedia provocada por la rotura de un dique minero en menos de cuatro años en Brasil, después de la de Mariana (Minas Gerais) en noviembre de 2015, que dejó 19 muertos y provocó el mayor desastre ambiental de la historia del país. Ese dique era propiedad de Samarco, una empresa conjunta de Vale y la angloaustraliana BHP.
