En medio de la presentación de los resultados del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación reveló que se les pedirá medidas de aseguramiento a cuatro alcaldes y un gobernador por irregularidades en la contratación presentadas en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Los alcaldes son: el de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro; de Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas y a Víctor Cándelo Reina del Charco (Nariño).
Así mismo la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presunto responsable de los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.
En los últimos 15 días, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de tres mil que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’. Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.
Por otro lado el contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba dijo que se habían abierto tres procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra Gobernador del Tolima y contra el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).
Además indicó que se abrió 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos covid-19, que involucran a nueve Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.
Así mismo la Contraloría ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $484.000 millones, de los cuales $193.000 millones corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.
«En una nueva etapa de nuestra rendición de resultados, lo primero que quiero destacar es que esto no una sinergia temporal, esto tiene que ser de aquí en adelante un frente conjunto de las entidades de control para defender los recursos públicos de los colombianos», aseguró el procurador Fernando Carrillo.
En su intervención señaló que la Procuraduría priorizó en 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Ordenó la apertura 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y tres funcionarios de la gobernación de Quindío.
La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios.
