La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha dos nuevas estrategias en 2022 para fortalecer la respuesta institucional a tres fenómenos ilícitos: la trata de personas, el tráfico de migrantes y las amenazas a líderes sociales.
Inicialmente, entró en funcionamiento el grupo de trabajo para investigar los casos de trata de personas y tráfico de migrantes que, en apenas ocho meses, logró la captura de 21 personas, realizó 28 imputaciones y radicó 22 escritos de acusación. Asimismo, facilitó la repatriación de 92 víctimas (86 de República Dominicana, y 6 de Perú y Chile).
Entre los hechos más destacados están la captura y judicialización de alias La Mona y alias Walter, los señalados principales dinamizadores de una estructura que trasladó irregularmente desde la frontera con Ecuador hasta Urabá a ciudadanos de Haití, Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh para embarcarlos en lanchas con destino a Centroamérica o cruzar el denominado ‘Tapón del Darién’ hacia Panamá.
Amenazas a líderes sociales
En 2022, se consolidó el equipo especializado para investigar y resolver los casos de amenazas a líderes sociales, el cual hizo 38 imputaciones, 25 más que 2021; presentó 8 escritos de acusación y obtuvo 7 condenas.
Sobresalió la condena de nueve años de prisión contra Jesús Mario Corrales, representante de una asociación de víctimas e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Valle del Cauca, que diseñó y difundió dos panfletos con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país y defensores de derechos humanos, entre ellos, él mismo.
Defensa de los recursos naturales
En delitos ambientales, 267 personas fueron capturadas y judicializadas (108 por extracción ilícita de minerales, 75 por conductas asociadas a deforestación y 84 por otras afectaciones a los recursos ambientales, a la flora y la fauna). De igual manera, la Fiscalía presentó 145 escritos de acusación y obtuvieron 33 condenas.
La articulación de capacidades con la fuerza pública le permitió realizar 90 procedimientos focalizados, en los que se intervinieron 40 unidades de maquinaria amarilla y realizaron incautaciones por casi 32.000 millones de pesos.
Propiedad intelectual
El Eje de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos logró la captura de 57 personas, radicó 28 escritos de acusación y obtuvo 17 condenas por falsificación o alteración de medicamentos, licores y artículos de aseo, entre otros.
De igual manera, con apoyo del CTI, fueron incautadas 160 toneladas de productos adulterados, 60 toneladas más que 2021, informó la Fiscalía General de la Nación.
