Investiga si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de protestas antigubernamentales el pasado 15 de diciembre, luego de que un medio local informara de que militares habían abatido a varias personas.
La dependencia detalló que la investigación, a cargo de una fiscalía especializada en derechos humanos del departamento de Ayacucho (560 kms al sureste de Lima), apunta contra personal de la policía, el ejército y quienes «resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones», según un comunicado.
«La fiscalía provincial especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme los estándares legales exigidos», destacó la Fiscalía de la Nación en el documento divulgado en sus redes sociales.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos ocho personas, entre ellas un menor de edad, murieron en Ayacucho en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el pasado 15 de diciembre mientras protestaban exigiendo la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte.
La actuación de las autoridades se tornó más enérgica cuando un grupo de ciudadanos intentó tomar las instalaciones del aeropuerto local.
El reportaje del medio ‘IDL Reporteros’ muestra que militares, armados con fusiles de asalto Galil, dispararon y mataron a seis manifestantes desarmados, según la jefa de redacción del medio, cuando estos ya habían sido desalojados del aeropuerto.
La Fiscalía, cuyas indagaciones forman parte de la información presentada por IDL Reporteros, detalló que ha obtenido 147 videos, recabado documentos médicos y entrevistado a heridos en la protesta como parte de sus pesquisas, además de realizar pericias balísticas y necropsias.
La institución agregó que durante las pesquisas entrevistaron también a «familiares de las víctimas».
Las protestas en Perú, que estallaron un día después de que la presidenta asumiera el cargo el pasado 7 de diciembre, han dejado más de 50 civiles y un policía muertos.
En las manifestaciones se reclama la renuncia de Boluarte -que reemplazó en el cargo al destituido presidente Pedro Castillo-, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
Tras un pico de movilizaciones a mediados de enero, el clamor callejero ha amainado en la última semana, con convocatorias menos nutridas y un menor número de carreteras bloqueadas por manifestantes.
