El juez 30 de conocimiento de Bogotá avaló la aceptación de cargos hecha por el empresario colombo-español, Carlos José Mattos Barrero, por sobornar a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para direccionar una acción de tutela que había presentado para así seguir comercializando en Colombia vehículos de la marca coreana Hyundai.
Este jueves en la mañana Mattos Barrero aceptó su participación y responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado. El funcionario judicial, en su intervención, señaló que el empresario reconoció cargos de manera consciente y voluntaria, entendiendo las consecuencias de esto.
Con la aceptación de cargos, el empresario recibirá una rebaja en la condena. La ley -según puso de presente el juez y la Fiscalía- recibiría una disminución de hasta la sexta parte de la sentencia. En un principio el fiscal Álvaro Betancur pidió una pena entre los 96 y 144 meses de prisión (8 y 12 años), esto teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue acusado.
La posible condena
Sin embargo, debido a la aceptación de cargos, el empresario podría pagar una sentencia de 95 meses de prisión, es decir, siete años y nueve meses. Igualmente, se pide pagar una multa para reparar a la víctima reconocida (Rama Judicial), la inhabilidad para ejercer cargos públicos y tomar acciones para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
Por su parte, el procurador delegado para este caso, Henry Bustos hizo un fuerte llamado de atención sobre los hechos por los que fue procesado Mattos y se tomen las medidas para que esto no se presente nuevamente. Por esto señaló que el cohecho tiene un mayor agravante porque se compró una decisión judicial.
“El juez de la República, a quien no mencionó porque está amparado por el principio de inocencia, emitió una decisión que dañó inconmensurable a la administración de justicia (…) No todo tiene precio, mucho menos una decisión judicial”, precisó el representante del Ministerio Público. Por esto pidió que se emita una pena ejemplarizante en contra del empresario para que los hechos por los que estuvo inmerso Mattos no se presenten nuevamente.
“Se envíe un mensaje claro para la sociedad, señalando la gravedad del delito e imponiendo una pena que corresponda al comportamiento, gravedad y daño de esa acción”, aclaró Bustos al indicar que no se puede permitir que las personas crean que los fallos judiciales se pueden comprar y vender al mejor postor.
Hoy, la Fiscalía General manifestó que Mattos no podía ser juzgado ni condenado por los delitos de utilización ilícita a redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Esto teniendo en cuenta los principios del tratado de extradición que firmó Colombia con España en 1896.
En este se señala que una persona solamente podrá se juzgada por los delitos por los que se avaló su extradición. Teniendo en cuenta que los cargos de utilización ilícita a redes de comunicación y acceso abusivo a un sistema informático y daño informático no son considerados delitos en España pues Mattos no puede ser juzgado por estos.
El empresario se encuentra actualmente privado en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. Tiene pendiente otro proceso penal por haberle enviado 100 millones de pesos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Carmen Ligia Pérez después que dejara en firme las medidas cautelares.
