La Fiscalía General anuló la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en la seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, tras detectar un error interno que invalidó la diligencia prevista para febrero.
Bogotá. En un giro inesperado en un caso que ha marcado la agenda política y judicial del país, la Fiscalía General de la Nación decidió retirar la imputación de cargos formulada contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La imputación, que inicialmente fue anunciada como un paso hacia una posible responsabilidad penal por prevaricato por omisión, quedó sin efecto tras una revisión interna de la entidad.
Rodríguez, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y responsable de la protección de altos funcionarios y líderes amenazados, había sido señalado de no atender debidamente las solicitudes para reforzar la seguridad de Uribe Turbay antes del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El precandidato recibió múltiples disparos durante un mitin y falleció tras permanecer varios meses hospitalizado, en uno de los episodios de violencia política más graves en los últimos años.
La solicitud de audiencia para la imputación de cargos fue presentada por un fiscal de Bogotá y programada inicialmente para el próximo 11 de febrero. Sin embargo, horas después de su formalización la Fiscalía decidió anularla, alegando que la funcionaria que la emitió no formaba parte del equipo de fiscales asignados oficialmente al caso del magnicidio. Esto generó dudas y cuestionamientos sobre los procedimientos internos del ente acusador y la coordinación de sus equipos investigativos.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay sacudió la vida política colombiana y puso en el centro el debate sobre la protección de líderes amenazados en un país con una larga historia de violencia política. Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por una coalición de centroderecha, había denunciado públicamente fallas en su esquema de seguridad, señalando que recibía amenazas constantes y que los refuerzos solicitados a la UNP no se materializaban.
Según la familia y sus abogados, durante 2025 hicieron más de 23 solicitudes formales para mejorar la protección asignada a Uribe Turbay, la última de ellas apenas días antes del atentado. La Fiscalía ha reconocido estas solicitudes como parte del expediente, aunque no ha precisado que ello configure por sí mismo la responsabilidad penal de los funcionarios encargados.
Desde la Fiscalía también se ha avanzado en la captura de varios de los autores materiales del magnicidio, y en las últimas investigaciones se ha señalado a la disidencia de las extintas FARC, conocida como Segunda Marquetalia y liderada por Iván Márquez, como el presunto grupo responsable intelectual del crimen. Este componente ha situado el caso en un contexto más amplio de violencia organizada que trasciende las fallas administrativas del Estado.
Argumentos y respuestas de las partes
Augusto Rodríguez ha negado categóricamente cualquier negligencia en la administración de la seguridad del senador Uribe Turbay. En declaraciones previas a medios, el funcionario defendió que el esquema de protección asignado era “robusto” e incluso superior al de otros congresistas, y atribuyó parte de los fallos a decisiones propias de Uribe Turbay en la gestión de su seguridad personal, como la redistribución de escoltas para atender a su familia y no aceptar apoyo adicional ofrecido por la UNP.
Por otro lado, sectores de la oposición y la familia de la víctima han mantenido que las omisiones en la protección constituyeron un factor que facilitó el ataque, haciendo énfasis en la responsabilidad del Estado por garantizar la seguridad de quienes se encuentran en situaciones de alto riesgo. Las críticas también se han extendido al manejo institucional de la investigación, especialmente tras la reversión de la imputación.
