La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro exconcejales del municipio de Hato (Santander), por presuntas irregularidades en la suscripción del acuerdo que autoriza al alcalde para celebrar contratos.
Al parecer los concejales (2015-2019) Edilberto Ardila Villarreal, Teófilo Cala Durán, Noel Ramírez Balaguera y Hermes Galvis Sierra limitaron las facultades al alcalde para contratar, mediante el Acuerdo 011 del 29 de mayo de 2015, a pesar de que en el No. 019 del 18 de octubre de 2014, ya se había conferido esta potestad al primer mandatario.
El alcalde objetó y devolvió al concejo municipal el Acuerdo 011 por inconstitucional e ilegal, por considerar que ya contaba con la autorización otorgada a través del Acuerdo 019, pero ante la negativa de acatamiento por parte de esta corporación lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander para revisión.
El tribunal declaró fundadas las objeciones y ordenó al concejo archivarlo, por considerar que con este acuerdo suscrito en el 2015, se incurrió en repeticiones innecesarias de funciones administrativas a servidores municipales, quedando vigente el acuerdo suscrito el año anterior (2014).
La falta de los investigados fue calificada provisionalmente como grave, cometida con culpa gravísima, por presunta desatención de normas de obligatorio cumplimiento.
Para el ente de control con esta posible actuación los entonces miembros de la corporación pública se habrían extralimitado en el ejercicio de sus deberes, porque “el cumplimiento de la función administrativa que les confiere la norma constitucional, se debe ejercer de forma razonada y proporcionada respetando lo dispuesto en el art. 209 constitucional”.
Los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes para su defensa.
