La Fundación Universitaria San José aseguró que fue “víctima” de irregularidades en la expedición de títulos universitarios, presentó denuncias penales por el caso de Juliana Guerrero y se defendió frente a señalamientos de un presunto esquema sistemático de diplomas expedidos sin cumplir requisitos académicos legales.
En medio de un creciente escándalo nacional por posibles irregularidades en la educación superior, la Fundación Universitaria San José emitió un pronunciamiento este 23 de enero defendiendo su actuación y afirmando que fue “víctima” en el caso del título cuestionado de Juliana Guerrero, quien estaba por asumir un cargo de viceministra sin cumplir con obligaciones académicas formales.
La controversia estalló tras denuncias públicas de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes señalaron que la institución habría expedido títulos profesionales de forma irregular a al menos 24 personas, algunas de ellas vinculadas como contratistas o funcionarios en diversas entidades del Gobierno Nacional.
Según las investigaciones presentadas por la congresista Juvinao, estos títulos habrían sido otorgados sin que los graduados presentaran el examen de Estado obligatorio (Saber Pro) antes de recibir su diploma, o presentándolo después de la graduación, lo cual contraviene la legislación educativa colombiana vigente.
En su comunicado oficial, la Fundación San José sostuvo que ha colaborado con las autoridades competentes y que incluso fue la propia institución la que denunció ante la Fiscalía General de la Nación posibles hechos de fraude relacionados con la titulación de Juliana Guerrero, cuya graduación como contadora pública y tecnóloga fue observada por inconsistencias en los requisitos fundamentales para el otorgamiento de títulos.
La universidad explicó que entregó toda la documentación correspondiente al caso, incluidos comprobantes de pago y registros académicos, y que el título en cuestión fue anulado tras detectar falta de evidencias de actividades académicas, participación en clases o evaluaciones en la plataforma institucional.
Además, el actual representante legal de la Fundación calificó la entrega de ese título como una traición interna por parte de un funcionario con ocho años de trayectoria en la institución, y subrayó la disposición institucional de cooperar con las investigaciones en curso.
El “cartel de diplomas” y sus implicaciones
El caso de Guerrero ha derivado en una investigación de mayor alcance, con Juvinao afirmando que se trataría de un “cartel de diplomas” que habría beneficiado a personas que posteriormente ocuparon cargos o contratos públicos bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
Entre los casos más llamativos se encuentra el de un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que habría obtenido cuatro títulos universitarios en un solo día, lo que generó cuestionamientos sobre la veracidad y el rigor de los procesos académicos.
Según reportes de medios, no todos los casos investigados obedecerían al mismo patrón, pero en varios de ellos los graduados presentaron el examen de estado posterior a la obtención del diploma, situación que según la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009 es un requisito previo ineludible para la validez legal del título profesional.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha consolidado ya varias inspecciones y anunció la formulación de pliego de cargos contra la universidad en el marco del proceso sancionatorio que se sigue desde 2025, amparado en la Resolución 021551 que inició la investigación formal a la institución.
Respuesta política y repercusiones
Las denuncias han tenido eco en la esfera pública y mediática. El presidente Gustavo Petro fue citado en varias coberturas defendiendo la necesidad de no politizar el tema, aunque algunos críticos han señalado que los hechos ponen en entredicho la calidad del sistema educativo superior y su control.
Desde el Congreso, la representante Pedraza no ha dejado pasar la oportunidad para cuestionar el proceso, señalando que en el caso de Guerrero, “no asistió a clases ni cumplió con los requisitos formales”, y ha instado a que se apliquen sanciones contundentes para quienes habrían aprovechado presuntas prácticas irregulares.
El caso tiene además implicaciones más amplias en cuanto a la confianza en los títulos académicos y el respeto por las normas que rigen la educación superior en Colombia, lo que ha generado un debate intenso respecto al papel de las instituciones de educación y los mecanismos de control del Estado para prevenir fraudes y abusos en la expedición de títulos profesionales.
