Nueve allanamientos, seis conexiones ilegales suspendidas, una captura en flagrancia, armas incautadas y una fábrica clandestina cerrada dejan al descubierto una estructura criminal que ponía en riesgo a toda una comunidad.
En una acción contra el crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Estructura de Apoyo contra el Crimen Organizado (EDA) de Cundinamarca, lideró un operativo que permitió incautar material probatorio y acceder a información importante relacionada con usuarios y bandas criminales que realizaban actividades delictivas, tales como hurto de gas natural y a la comercialización ilegal de este servicio en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
Por orden de un fiscal especializado y con el apoyo del CTI Cundinamarca y el Gaula Militar, se realizaron nueve diligencias de registro y allanamiento como parte de una investigación por los delitos de Apoderamiento de Hidrocarburos y Defraudación de Fluidos. El resultado fue contundente: seis de los inmuebles intervenidos presentaban conexiones ilegales a la red de gas natural, las cuales fueron suspendidas de manera inmediata para proteger la seguridad de la comunidad.
La investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal que intervenía de forma clandestina las redes de distribución de gas natural para ofrecer el servicio de manera ilegal a industrias metalúrgicas, empresas de alimentos y otros establecimientos comerciales de Soacha, generando millonarias pérdidas y, sobre todo, poniendo en riesgo la vida de trabajadores, vecinos y familias.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cinco reguladores de gas, utilizados para simular usuarios legales, equipos informáticos, documentos de interés para la investigación y tres armas de fuego, entre ellas una escopeta, un revólver y una pistola traumática.
Como parte de los resultados del operativo, fue capturada en flagrancia una persona, quien deberá responder ante la justicia por los hechos investigados.
Además, en coordinación con la administración municipal, las autoridades ordenaron el sellamiento de una fábrica ilegal de procesamiento de alimentos, dedicada a la producción de papas fritas, que operaba bajo condiciones sanitarias inadecuadas. El establecimiento recibió las sanciones correspondientes por violar las normas de salud pública.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Policía, que han tenido el apoyo técnico de Vanti evidencian que el hurto de gas natural no es una práctica aislada, sino un negocio ilegal promovido por organizaciones criminales que ofrecen a industrias, comercios y residencias mecanismos fraudulentos para reducir o evitar el pago del servicio, destacó Vanti en un comunicado.
Dijo además Vanti en su documento que estas estructuras manipulan redes e instalaciones sin cumplir protocolos técnicos ni medidas de seguridad, aumentando el riesgo de fugas, explosiones, incendios y afectaciones a comunidades enteras.
Casos recientes en el país han demostrado que quienes participan en estas actividades enfrentan consecuencias judiciales severas. En investigaciones anteriores, las autoridades han logrado condenas contra integrantes de bandas dedicadas a alterar medidores, intervenir redes y ofrecer servicios fraudulentos a centenares de comercios e industrias, reafirmando que el robo de gas natural es un delito que puede conducir a la cárcel.
“Las autoridades y la empresa distribuidora hacen un llamado a ciudadanos, comerciantes e industriales a no dejarse engañar por quienes ofrecen conexiones ilegales o supuestos ahorros en la factura del gas. Lo que parece un beneficio económico puede terminar en procesos penales, sanciones económicas y situaciones que comprometen la vida de las personas”, señaló Vanti en su comunicado.
Informe de Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación informó por su parte que diligencias de allanamiento y registro dejan al descubierto acometidas ilegales de gas natural en Soacha (Cundinamarca).
Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula del Ejército Nacional y de la empresa encargada del suministro de gas natural en Soacha (Cundinamarca), dejaron al descubierto nueve industrias metalúrgicas y de alimentos con acometidas en la red de gas natural, aparentemente de origen ilegal.
En diligencias de allanamiento y registro realizadas el pasado 11 de agosto, las autoridades incautaron un macromedidor utilizado para simular la condición de usuarios autorizados del servicio; cuatro reguladores de gas; tres armas de fuego; un computador y un disco duro.
Adicionalmente, se encontraron seis conexiones ilegales, las cuales fueron suspendidas por la empresa de gas natural. Se determinó que las pérdidas para la compañía, derivadas de esta acción ilegal, superarían los 2.700 millones de pesos.
Por lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca legalizó los procedimientos y la incautación de los elementos hallados.
En una de las diligencias fue capturado en flagrancia Rudencio Contreras Ubaté, a quien se le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, informó la Fiscalía General de la Nación.
