De nada sirvieron las advertencias de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre la aprobación de una ley que caldea los ánimos en Georgia y que tiene sabor a Kremlin, según sus críticos. Tampoco hizo efecto la firme oposición de sus ciudadanos agolpados en las calles pidiendo al gobierno que deje de lado la nueva normativa.
84 diputados del Parlamento de Georgia, con un total de 150, han votado a favor de la polémica ley: no solamente han dado luz verde a la conocida ‘ley anti-espionaje’ o de de ‘agentes extranjeros’, también han dado una bofetada a la recomendación de la presidenta del país, la europeísta Salomé Zurabishvili, que se posicionó en contra con un veto.
En la misma línea, el presidente del mayor partido opositor, el Movimiento Nacional Unido, Leván Jabeishvili, afirmó que la polémica normativa «aleja a Georgia de Europa» y es «un encargo del Kremlin», que busca convertir el país caucásico en una «provincia rusa».
Las calles de Tbilisi rugen ante una decisión que sale de un Parlamento en el que, parte de la población, ya no se siente representada. «No a la ley rusa» o «traidores», gritan los congregados frente al Parlamento en alusión a los miembros del gobernante Sueño Georgiano, en el poder desde 2012.
¿Qué dice la ley?
La controvertida ley, cuyos detractores tachan de «rusa», tiene para una parte de la sociedad cierto acento soviético. El documento exigiría que los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales que obtengan más del 20% de su presupuesto “del extranjero” se registren como “portadores de los intereses de una potencia extranjera”.
Los opositores la denuncian como “ley rusa”, puesto que guarda semejanza con las medidas impulsadas por el Kremlin y que han dado pie a la persecución de la disidencia.
Los que la promulgan, en parte, dan la razón al pueblo: el partido gobernante Sueño Georgiano ha insistido en que el proyecto de ley es necesario para frenar lo que considera “actores extranjeros perjudiciales que intentan desestabilizar la nación del Cáucaso Sur”, de 3,7 millones de habitantes.
Maka Bochorishvili, miembro de ese partido y que ahora mismo preside la comisión parlamentaria de integración a la UE, afirma que esta ley “es absolutamente importante para Georgia”, declaró a la agencia AP. Además, argumentó que el proyecto de legislación debería contribuir a que el país sea “estable y pacífico”, mientras rechazó el término “ley rusa”, bautizado por la oposición, por considerarlo de injusto.
Para ella, la clave está en la palabra “transparencia”: “Creo que si se comprende bien el objetivo de esta ley, nadie demostraría por qué la transparencia puede ir en contra de la integración europea”, declaró Bochorishvili, que mira hacia Europa para añadir que espera que los socios occidentales “comprendan mejor la necesidad de esta legislación para Georgia”.
Pero, a la vista de unas reacciones que no se han demorado, los despachos de Bruselas parecen no entender aún la decisión de un país que aguarda en la fila para formar parte del bloque europeo.
¿Qué dice Europa?
Desinformación, polarización y derechos fundamentales y participación de las organizaciones de la sociedad civil: estos son los tres puntos en los que, según Josep Borrell, alto representante comunitario para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Georgia ha retrocedido.
Tres puntos de un total de nueve. Y ello, ha dicho, significa más dudas a la hora de aceptar a Georgia como miembro de pleno derecho en el club europeo.
Por ello, la Unión Europea insta a Georgia a “revertir la tendencia” tras la adopción definitiva de la ley sobre ‘agentes extranjeros’ y considera que tendrá un “impacto negativo” en el camino del país para su integración.
“La UE y sus Estados miembros están estudiando todas las opciones para reaccionar ante estos acontecimientos”, indicó Borrell en un comunicado firmado junto a la Comisión Europea.
De hecho, esta semana y previo a la votación, las voces contrarias eran notorias. Diferentes países abogaron el lunes por revisar las relaciones con Georgia, país candidato desde diciembre, por la aprobación de la ley que la oposición asegura coartará la libertad de expresión. De hecho, el mayor miedo es que la ley dé pie a la persecución de formaciones políticas y ONG críticas con el poder.
Y no es que lo piense un bloque entero, las opiniones individuales van en la misma línea.
El ministro austriaco de Exteriores, Alexander Schallenberg, alertó de que “todo se puede revertir si se tiene la impresión de que el Estado va en la dirección equivocada”.
El ministro estonio, Margus Tsahkna, pidió que la Comisión Europea revise los nueve pasos impuestos a Georgia para que se convirtiese en país candidato, así como ese estatus mismo e, incluso, el régimen de visados para los georgianos, y aludió a la posibilidad de imponer sanciones personales “si es posible”.
Gabrielius Landsbergis, su homólogo lituano, dijo que “la mejor conclusión” que podrían adoptar hoy los ministros es “que hubiera una actualización pública de las relaciones entre UE y Georgia y del camino de Georgia” hacia el club comunitario.
El titular sueco, Tobias Billström, consideró la ley georgiana “muy preocupante” y pidió a la UE afrontar la situación y “que las cosas no sigan como si nada con Georgia”.
Un cántico común que deja la candidatura de Georgia a la Unión Europea en entredicho y una piedra que queda en el tejado de Tiflis: de Bruselas a Moscú hay 2.500 kilómetros y en tiempos de guerra, Georgia debe decidir a cuánta distancia se encuentra su país del Kremlin.
