Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 28 de diciembre, Josser Sneider Durán de 17 años fue asesinado en medio de una riña que se registró en un barrio de Girón. El crimen, publicado en varios medios de comunicación local, se suma a las decenas de noticias judiciales que en 2024 fueron reportadas como “hechos motivados por riñas, violencia intrafamiliar e intolerancia”.
Este último suceso, que deja a una familia inmersa en el más profundo dolor, resultado de la más absurda de las violencias, reaviva y desnuda una pregunta que, desde que comenzaron los gobiernos territoriales (posterior a la aprobación de sus respectivos planes de desarrollo territorial y de seguridad, municipales y departamental) tiene a cientos de personas indagando qué carajos está pasando (qué fue lo que sucedió) y cómo llegamos aquí: no solo la ciudad de Bucaramanga sino todo el departamento, sin excepción alguna, el que se encuentre en un estado de emergencia tan apremiante que ya es imposible negar que hemos retrocedido en seguridad. No pocos hablan de haber regresado a los tiempos donde la violencia era ley y pan de cada día, a pesar que aún existen algunos quienes aún insisten en afirmar lo contrario.
Frente a los últimos hechos de violencia, algunos se preguntarán: ¿cuál es la responsabilidad que tienen los alcaldes o el gobernador de Santander frente a la creciente ola de homicidios y sicariatos que golpean con severidad al departamento de Santander? Otros, más caraduras, quizá se pregunten porqué relaciono a las víctimas con los mandatarios “si estos no conocían a los fallecidos o podían imaginar lo que iba a suceder”.
Para responder lo anterior, iré por partes: durante las campañas para alcaldías y gobernación, la principal bandera que usaron los actuales mandatorios fue la de “regresar” la seguridad a las calles, los colegios, los parques y zonas más afectadas por los robos, raponazos y la delincuencia común. El enemigo, ya estaba definido: los migrantes, y de paso, todo aquello que pudiese despertar la más recalcitrante de las fobias en una sociedad que insiste en pensar que nuestros problemas serán “erradicados” si cortamos de tajo todo aquello que represente un peligro siendo lo raro, lo externo o lo foráneo el verdadero y más apremiante enemigo.
Con la premisa de que iban a ‘llegar a todos los rincones del territorio, regresando la seguridad a las calles y apoyados, a reglón seguido, de la ya conocida frase que reza “perseguiremos y capturaremos a todos los delincuentes hasta encontrarlos así si es necesario por debajo de las piedras”, la población se movilizó a votar.
No obstante, lo que posteriormente aconteció, a pesar que poco a poco se iba gestando ante la mirada de todos, nadie lo pudo prever aunque tampoco fue contenido haciendo una lectura de lo que estaba sucediendo, es decir, de la realidad actual: la transformación y expansión de la violencia vista desde el fortalecimiento de actores y/o bandas armadas ilegales, y la lucha a sangre y fuego por el control de los barrios y sectores que han arrojado un preocupante aumento de los sicariatos y homicidios en el departamento, especialmente, en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.
Sí, el aumento de la violencia en la región cuenta con múltiples aristas y no nació con los actuales gobiernos. La violencia que nos azota viene tomando fuerza desde muchos años atrás. Sin embargo, como han manifestado expertos en temas de seguridad, el “populismo” y el actual discurso político han impedido que se tomen acciones reales que detengan una mayor y más fortalecida expansión de la violencia como actualmente está instalada.
Los esfuerzos por garantizar la seguridad a la ciudadanía, sumado a otros factores de gobernanza, de alianzas políticas entre otros aspectos que no alcanzaría a imprimir aquí, han desviado la atención de temas que también son importantes, siendo la inversión en lo social y el dialogo constante y fluido con la comunidad, dos de los aspectos que, gobierno tras gobierno, se han ido perdiendo. La prevención de la criminalidad y las acciones de fortalecimiento de la seguridad también se construyen de la mano y a partir del dialogo con los actores que diariamente se ven afectados por la violencia. Sin embargo, esto parece lejano para muchos presidentes de junta de acción comunal y líderes sociales que trabajan también por la comunidad. La gente exige protección, no como resultado de un hecho violento que no pudo ser contenido sino como acciones orientadas a la prevención del delito y de la protección en caso de denuncias.
Pero nada de esto sucedió este año. Esperemos que nos depara el 2025.
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*Magister en Derechos Humanos y Gestión del Posconflicto de la Escuela Superior de Adminsitración Pública – ESAP – Seccional Santander.
X: @DiegoR_Thorrens
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
