Mil 946 millones 600 mil 400 pesos es el presunto sobrecosto de un contrato por el cual la Contraloría General de la Nación le abrió indagación preliminar a la Gobernación de Santander.
La información oficial se conoció este miércoles 17 de junio de 2020 cuando el triunvirato Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación emitieron su segundo informe investigativo contra la corrupción en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS COV 19.
Desde hace varios días observadores locales señalaban con extrañeza la forma en que la Gobernación de Santander adjudicó dos contratos por una cuantía superior a los cuatro mil millones de pesos, con dos empresas que estarían relacionadas, y además que las mismas no tendrían un capital mayor a los 600 millones de pesos y que tampoco eran empresas especializadas para temas de bioseguridad.
Sin embargo en tiempos de pandemia para cuando todo es más difícil para la población por el confinamiento, por el toque de queda, por el no poder trabajar, etcétera, para los mandatarios, sin excepción, las reglas se suavizan para poder contratar, pero pueden caer en el pecado.
Apenas comienza el proceso
Todos los procesos tienen unas etapas y se comienza con la etapa inicial que es la llamada de indagación preliminar, y en esa es en la que estamos en el momento.
Si la Contraloría ahonda en su investigación y encuentra que procede la actuación se entra a la segunda etapa que es cuando se deriva a la apertura de investigación.
Según los resultados de la investigación se pasa entonces a la etapa probatoria y de investigación disciplinaria. El investigado puede utilizar sus recursos para defenderse, pero el procedimiento solo se cierra con la decisión en firme. No obstante siempre existen las apelaciones y ante diferentes estancias.
Así que por ahora la Contraloría General de la Nación está en indagación preliminar por contrato que hizo la Gobernación de Santander. Nada está definido sobre si culpable o inocente, pero desde ya se sienta el precedente.
Los analistas no se equivocaban al ver con extrañeza esa contratación y eso sin mirar por ahora a quién o a quiénes pertenecen esas empresas con que la Gobernación de Santander contrató.
Sabemos por la Contraloría General de la Nación que los presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato de Compraventa del 21 de abril de 2020 se suscribieron entre la Gobernación de Santander y Makropharma Distribuciones Farmacéuticas S.A.S.
Insumos de bioseguridad
El contrato, según informa la misma Contraloría, es por valor de $2.781’496.000, para la compraventa de insumos de bioseguridad, con el fin de implementar una estrategia para la contención y protección dentro del marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 a la población atendida por la Secretaría del Interior en el Departamento de Santander.
Informó la Contraloría que se evidenció un posible sobrecosto en cuantía de $1.946’600.400, que corresponde a un 233,15 por ciento del valor del contrato.
De otro lado, la Contraloría encontró que, aunque en el contrato se pactó un anticipo del 40 por ciento del valor del mismo, no se evidenció la póliza correspondiente.
Así mismo, se evidenció que se realizó invitación a presentar propuesta para la contratación a un solo proveedor, la firma Makropharma Distribuciones Farmacéuticas SAS, que fue con la que finalmente se contrató.
La elegida
En momentos de emergencia sanitaria se dan libertades para contratar y en efecto hicieron uso de ellas, según observó la Contraloría al invitar y contratar con una firma.
Buscamos información de Makropharma Distribuciones Farmacéuticas SAS y encontramos que tiene como sede a la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander.
Presenta su actividad reseñada como “de comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados”.
Su Forma Jurídica es de ser una Sociedad Por Acciones Simplificada.
Varias Gobernaciones
Las Indagaciones Preliminares que adelanta la Contraloría a la Gobernación de Santander abarcan además a otras Gobernaciones por diferentes contratos.
Las Gobernaciones y sus contratos en indagación preliminar son la de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.
La Contraloría ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el Covid-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.
Aportantes a la Campaña
De otra parte la Procuraduría General de la Nación en la actividad de vigilancia a contratación con aportantes también tuvo que ver con Santander.
Señala que la Procuraduría atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.
Estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por la Covid-19.
El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.
La Procuraduría General de la Nación conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.
Dos indagaciones
La Procuraduría informó además que hay 125 indagaciones a nivel nacional, de las cuales dos le corresponden a Santander: Una en la Personería Municipal de Vélez, Santander y otra en el Concejo Municipal de Barbosa, Santander.
