El Ministerio de Salud confirmó el aumento de la Unidad de Pago por Capitación para 2026, con un incremento global del 12,94%. El ajuste eleva los recursos del aseguramiento a más de $101,3 billones y prioriza el cierre de brechas entre los regímenes contributivo y subsidiado.
El Gobierno Nacional oficializó el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, el valor que el Estado reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado para garantizar la prestación de servicios médicos. La decisión, sustentada en la Resolución 2764 de 2025, representa un aumento global del 12,94%, lo que eleva los recursos del aseguramiento de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones para el próximo año.
El ajuste no solo responde a la necesidad de cubrir los costos crecientes del sistema, sino también al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, que desde hace años exige reducir la brecha histórica entre los regímenes contributivo y subsidiado. En esa línea, el Gobierno estableció incrementos diferenciados: 9,03% para el régimen contributivo y 16,49% para el subsidiado, con el objetivo de que este último alcance el 95% del valor de la prima pura del contributivo, tal como lo ordenan sentencias y autos judiciales recientes.
El Ministerio de Salud explicó que el cálculo de la UPC se basó en un estudio técnico elaborado con información reportada por las EPS y revisada por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, en la que participan entidades como el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Este proceso incluyó validaciones rigurosas para garantizar la confiabilidad de los datos y la sostenibilidad financiera del sistema.
Además, el valor final incorpora ponderadores adicionales según variables como edad, sexo, ubicación geográfica —especialmente en zonas dispersas— y pertenencia a comunidades indígenas, factores que inciden en el costo real de la atención en salud y que buscan reflejar las necesidades diferenciales de la población.
Impacto fiscal, retos operativos y expectativas del sector
El incremento de la UPC para 2026 implica un esfuerzo fiscal comparable al impacto de una reforma tributaria, según reconoció el propio Ministerio de Salud. Los más de $11,6 billones adicionales que ingresarán al sistema buscan fortalecer la sostenibilidad del aseguramiento, garantizar el derecho fundamental a la salud y avanzar en la reducción de desigualdades históricas entre los regímenes.
Sin embargo, el aumento de recursos no garantiza por sí solo una mejora inmediata en la calidad del servicio. Uno de los principales retos será que estos dineros se reflejen efectivamente en los contratos entre EPS y prestadores —hospitales y clínicas—, responsables de la atención directa a los pacientes. El Ministerio reiteró que los recursos de la UPC deben ser utilizados de manera eficiente y estarán sujetos a mecanismos de control y vigilancia, en un sistema que ha enfrentado problemas de liquidez, deudas acumuladas y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
En términos concretos, la resolución establece que el valor anual de la UPC para 2026 será de $1.658.912 en el régimen contributivo, equivalente a un valor diario de $4.608, y de $1.541.706 en el régimen subsidiado, con un valor diario de $4.282. Estas cifras reflejan la reducción progresiva de la brecha entre ambos regímenes, una meta que ha sido reiterada por la Corte Constitucional y que el Gobierno busca consolidar en esta vigencia.
El Ministerio también recordó que las prestaciones económicas por enfermedad general, licencias de maternidad y paternidad —que aplican únicamente para el régimen contributivo— se financian con recursos distintos a los de la UPC, por lo que el incremento anunciado se destina exclusivamente a servicios y tecnologías en salud.
El ajuste llega en un momento de alta sensibilidad para el sistema de salud, marcado por tensiones entre el Gobierno y las EPS, debates sobre la sostenibilidad financiera y la necesidad de mejorar la oportunidad en la entrega de medicamentos, la reducción de filas y la calidad de la atención. Aunque el aumento de la UPC representa un alivio para el aseguramiento, persisten interrogantes sobre la capacidad de las EPS para administrar mayores recursos y sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión para garantizar su correcta destinación.
Para el Gobierno, el incremento es un paso decisivo hacia la justicia social en salud. Para los actores del sistema, es una oportunidad —y también una prueba— para demostrar que mayores recursos pueden traducirse en mejores resultados para los usuarios. El 2026 será, en ese sentido, un año clave para evaluar si el fortalecimiento financiero se convierte en mejoras tangibles en la atención.
