El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió sobre el lento avance en la reincorporación económica y social de los exintegrantes de las Farc, e hizo un llamado al Gobierno Nacional a impulsar y garantizar una política pública con enfoque étnico y de género, que incluya una oferta amplia de empleabilidad.
En carta enviada al Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera Salazar, y al director General de la Agencia de Reincorporación y la Normalización, Andrés Felipe Stapper, el jefe del Ministerio Público manifestó su preocupación por la ausencia de una política pública como lo establece el Acuerdo Final y la falta de una ruta de atención y acompañamiento psicosocial para cumplir con una plena adaptabilidad de los reincorporados a un nuevo plan de vida.
“Preocupa a este organismo de control que trascurrido casi un (1) año desde la entrega del censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, el cual contiene la información requerida para facilitar el proceso de reincorporación que incluya el enfoque étnico y de género tal como lo establece el Acuerdo Final, así como la ruta de atención y acompañamiento sicosocial para cumplir con una plena adaptabilidad a su nuevo plan de vida de los reincorporados”.
Señaló que según cifras de la ARN, a marzo de 2018 de las 214 iniciativas productivas identificadas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), solo 35 se encuentran en fase de formulación, 4 fueron presentados en la mesa técnica del Consejo Nacional de Reincorporación, 2 ya fueron aprobados y solo 1 se encuentra en fase de desembolso.
A esto se suma que no existe información oficial sobre proyectos individuales en curso y que la Unidad Nacional de Protección se convirtió en la única fuente de empleabilidad, con la vinculación de 521 excombatientes.
“Estas cifras evidencian el lento avance en la reincorporación económica, lo que sin duda ha generado incertidumbre en las bases de la exguerrilla de las Farc-EP y aumenta el nivel de riesgo de reincidencia y vuelta a la ilegalidad”, que según cifras de ese grupo se acercan a las 1.200, con el agravante de la presencia de diferentes organizaciones criminales en las antiguas áreas de incidencia y la permanente amenaza de reclutamiento.
El Procurador General pidió realizar una evaluación sobre la sostenibilidad y permanencia de los ETCR, teniendo en cuenta que en algunos no hay presencia de excombatientes, y en otros más del 50% ya se ha trasladado a otros lugares; algunos permanecen en territorios colectivos que dificultan el interrelacionamiento con las comunidades; y en otros existen nuevos asentamientos e infraestructuras que evidencian voluntad de permanencia y no de transitoriedad.
Para la Procuraduría es necesario conocer el estado del avance en la construcción y adopción de la política pública, la ruta específica y los lineamientos para la aprobación de proyectos colectivos e individuales, y el avance de los mecanismos adoptados para el seguimiento de los proceso de reincorporación.
“Reiteramos la importancia de que el Gobierno Nacional adopte en el corto plazo la política pública para la reincorporación que incluya el enfoque de género y étnico, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Final para la consolidación de una paz estable y duradera. La efectividad de la implementación de la reincorporación es una de las principales garantías de no repetición y un eje central en la construcción de la paz”, concluyó.
