Inundaciones que golpean a Córdoba, Antioquia, Santander y otros departamentos del Caribe dejaron 14 muertos, miles de damnificados y vastas áreas productivas bajo el agua. Ante la magnitud de los daños, el Consejo de Gestión del Riesgo recomendó al presidente Gustavo Petro declarar emergencia económica, social y ambiental.
El país enfrenta una crisis climática que amenaza con desbordar las capacidades institucionales y fiscales. Las lluvias torrenciales de los últimos días han provocado inundaciones masivas en la región Caribe, con especial impacto en Córdoba, Antioquia y Santander, en donde comunidades enteras permanecen bajo el agua. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CNGRD) recomendó al presidente Gustavo Petro declarar una emergencia económica, social y ambiental, medida que permitiría habilitar recursos extraordinarios para atender la catástrofe.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, fue categórico al señalar que el país enfrenta un escenario sin precedentes. “Lo que se ha dado en los últimos días en el Caribe es un evento sin precedentes, una situación que no era posible prever y que está generando afectaciones en centenares de miles de hectáreas”, afirmó tras una reunión técnica de más de ocho horas. Sus palabras reflejan la gravedad de una situación que, según los reportes oficiales, ya ha cobrado la vida de 14 personas, mantiene a dos desaparecidas y afecta a 14 departamentos.
En Córdoba, las cifras son alarmantes: cerca de 35.000 hectáreas permanecen inundadas y más de 43.000 familias resultaron damnificadas. Las imágenes de viviendas destruidas, cultivos arrasados y vías colapsadas muestran la magnitud de un desastre que no solo golpea a las comunidades rurales, sino que amenaza la seguridad alimentaria y la economía regional. La emergencia humanitaria se combina con un desafío fiscal de gran envergadura. Carrillo advirtió que la recuperación exigirá recursos de otra escala: “Posterior a la respuesta que estamos en capacidad de financiar, vendrá un proceso de recuperación que muy seguramente le va a costar al país billones de pesos”.
El director de la UNGRD insistió en que la capacidad actual del Estado resulta insuficiente. “En este momento de estrecho fiscal, Colombia no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese”, subrayó, al plantear la necesidad de mecanismos excepcionales para enfrentar la crisis. La recomendación de declarar la emergencia económica espera precisamente abrir la puerta a medidas extraordinarias que permitan canalizar recursos adicionales, acelerar procesos administrativos y garantizar una atención integral a las comunidades afectadas.
El Gobierno nacional convocó para este sábado 7 un consejo ampliado del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con el propósito de consolidar los insumos técnicos necesarios. Con base en ese informe, el Consejo de Ministros decidirá el lunes 9 si procede la declaratoria de emergencia. La decisión será crucial para definir el alcance de la respuesta estatal y la posibilidad de movilizar recursos internacionales.
Mientras tanto, las lluvias no cesan y los reportes de nuevas afectaciones se multiplican. “En la medida en que avanzan las horas vemos un número de afectaciones cada vez más copiosas”, concluyó Carrillo, en un llamado que refleja la urgencia de respuestas inmediatas. La situación exige no solo asistencia humanitaria, sino también medidas de prevención para evitar que la crisis se agrave en los próximos días.
La declaratoria de emergencia económica, social y ambiental es una figura excepcional prevista en la Constitución, que permite al Gobierno adoptar decisiones rápidas frente a desastres de gran magnitud. En este caso, la medida podría habilitar la reasignación de partidas presupuestales, la contratación directa de obras de infraestructura y la activación de programas de apoyo a los damnificados. Sin embargo, también implica un reto político y administrativo: garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente y eficaz, evitando que la urgencia se traduzca en improvisación o corrupción.
El Caribe colombiano enfrenta hoy una de las peores emergencias de su historia reciente. Las comunidades esperan que las decisiones del Gobierno se traduzcan en acciones concretas que alivien el sufrimiento y sienten las bases para una recuperación sostenible. La magnitud del desastre obliga a pensar en soluciones de largo plazo, que incluyan obras de mitigación, planes de reubicación y estrategias de adaptación al cambio climático. Porque más allá de la coyuntura, lo que está en juego es la capacidad del país para enfrentar un futuro marcado por fenómenos cada vez más extremos.
Con APN Noticias /
