Una de las propuestas más frecuentes en las elecciones a Congreso y Presidencia tiene que ver con la reducción de salarios de los funcionarios y servidores públicos, no obstante, esa iniciativa que se ha presentado muchas veces a la ciudadanía y al legislativo, ha fracasado.
La tarde del martes, nuevamente una propuesta orientada a esos fines se hundió en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. A pesar de la ‘disposición’ de muchos congresistas afines al gobierno y de oposición, la iniciativa cayó al vacío en el tercer debate.
Esta vez, fue el proyecto de ley 097/22S-194/23C, mediante el cual se establecía una sustancial reducción de los salarios del sector público a partir del año 2026. La propuesta presentada por el senador santandereano Jotapé Hernández, no alcanzó los 21 votos necesarios para convertirse en Ley de la República que pretendía reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado a partir del 2026.
Con esta, son 10 las veces que el Congreso ha negado, a pesar de estar de acuerdo, la reducción en los salarios. Esta propuesta en concreto, pretendía suprimir gastos de gastos de salud, prima especial de vivienda y transporte, además, establecía el salario de senadores y representantes como el más alto del sector público.
En la actualidad, los salarios de los congresistas están divididos en tres factores de liquidación: asignación básica, gastos de representación y prima especial de servicios. Luego de la más reciente actualización, el salario para esta vigencia quedó en $ 48’142.046.
Durante la discusión de la iniciativa, se conoció una misiva enviada desde el Gobierno Nacional donde, a pesar de que se reconocía el ahorro por más de $200.000 millones con la entrada en vigencia de la norma, se aparta de la misma por considerar que los Congresistas no son competentes para proponer este tipo de leyes.
“[…] Cuando se busque legislar sobre el régimen salarial y prestacional de los miembros del Congreso de la República, de los empleados públicos y de la Fuerza Pública, la iniciativa para hacerlo es exclusiva del Gobierno Nacional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo dispuesto en el artículo 154 ibidem, implica que los proyectos de ley que tengan dicho propósito deberán ser de iniciativa del Ejecutivo o contar con su aval”, dice el documento firmado por Diego Alejandro Guevara Castañeda, viceministro de Hacienda y Crédito Público.
Uno de los primeros en reaccionar, fue Miguel Polo Polo, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y coautor del proyecto, quien criticó lo que consideró una actitud mezquina por parte del Gobierno Nacional.
“Esto es una total payasada y una burla en la cara del pueblo colombiano. Yo soy de los que cree que aun cuando no tuviera aval del Gobierno, nosotros debíamos de votar positivo en la Cámara y que fuera la Corte Constitucional la que decidiera, pero no, los congresistas terminaron votando para que se archivara este proyecto”, dijo Polo Polo.
No obstante, a la crítica, desde el Ministerio de Hacienda se mantienen firmes en la idea de que no se podía aprobar el contenido de la fracasada iniciativa, porque en su articulado se transgredían normas de orden superior y que deben cumplirse a rajatabla, especialmente en lo que tiene que ver con inversión social, que, de acuerdo a la misiva, los Congresistas parecen desconocer.
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la noción de inversión social debe ser interpretada restrictivamente. […] Aunque la iniciativa consagra en términos de «autorícese» la destinación de un porcentaje del ahorro que generaría la reducción de los salarios de los congresistas, la medida podría correr un riesgo de inconstitucionalidad, al no cumplir, de manera estricta, la destinación del ahorro a un gasto público social”, concluye la misiva enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Oscar Hernán Sánchez.
APN Noticias
