Luego de haber descartado la consulta popular por decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una nueva propuesta, impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se haría una consulta en las elecciones del Congreso de marzo de 2026, donde los colombianos podrán votar si quieren o no una nueva Constitución.
Según explicó, la propuesta busca rediseñar el andamiaje institucional del país, al considerar que la actual Constitución de 1991 no ha permitido llevar a cabo muchas de las transformaciones sociales que demanda el país.
“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, afirmó Montealegre.
La propuesta ha generado una intensa polémica, especialmente en sectores políticos y jurídicos que temen que se trate de una vía para concentrar el poder y pasar por alto los contrapesos institucionales, como el Congreso y las Altas Cortes.
Montealegre, sin embargo, respondió a esas inquietudes afirmando que la propuesta se hará “dentro del marco de la institucionalidad” y que pretende dotar al país de nuevas herramientas jurídicas para profundizar en la igualdad, la solidaridad y lo que llamó un “salto social”.
El mismo presidente Petro ya había anticipado su intención de convocar una nueva constituyente, afirmando que en las próximas elecciones se entregará una papeleta para decidir si se conforma o no esta Asamblea.
“Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, declaró Petro en un mensaje que ratifica su visión de que el camino para implementar su proyecto político pasa por reescribir la Carta Magna.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la convocatoria no afectará al presente Gobierno y será desarrollada por el próximo. “La Asamblea Nacional Constituyente no es para este Gobierno; buscamos una octava papeleta para que el próximo gobierno busque desarrollar ese clamor”.
Benedetti agregó que: “El presidente no se quiere quedar en el poder con una Constituyente, esperamos poderla convocar para las elecciones de marzo. Esa constituyente tiene que referirse a muchas cosas, por ejemplo, los derechos laborales, el tema de la salud, el tema de las pensiones. Hay un malestar, tiene que considerarse una salida a los conflictos. Por poner un ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, no pudimos llevar al pueblo a las urnas porque todo está cerrado”.
Varios senadores comenzaron a pronunciarse y a advertir sobre los límites constitucionales de esta iniciativa.
La senadora Angélica Lozano recordó que el presidente no puede difundir dicha papeleta ni utilizarla como mecanismo legítimo de convocatoria. “Hay que esperar a que el Gobierno radique, el próximo 20 de julio, un proyecto de ley ante el Congreso que plantee formalmente la convocatoria de una constituyente”, explicó.
Lozano señaló que la Constitución de 1991 establece de forma clara el procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En su artículo 376, se estipula que el Congreso debe aprobar una ley, por mayoría absoluta en ambas cámaras, que autorice la consulta popular sobre la convocatoria. Además, dicha consulta deberá ser aprobada por al menos una tercera parte del censo electoral, es decir, más de 13,6 millones de personas votando afirmativamente.
“La papeleta fue una herramienta válida en 1990, cuando la Constitución aún no contemplaba un procedimiento para convocar una asamblea constituyente. Hoy sí lo tenemos, y está claramente regulado en la Constitución”, explicó la senadora.
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