Por extralimitar sus facultades, quebrantar de manera grave normas fundamentales de procedimiento y no expresar los fundamentos de sus decisiones, en especial, sobre responsabilidad y daños, el Gobierno colombiano pidió ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) anular el laudo arbitral que condena a Colombia a pagar 379,8 millones de dólares a Telefónica S.A.
El recurso fue presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), tras perder una demanda interpuesta por Telefónica S.A., bajo el Acuerdo entre Colombia y España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 31 de marzo de 2005, alegando que el país violó sus obligaciones de brindar un trato justo y equitativo a la compañía a la luz de ese tratado.
La demanda, que se presentó ante la CIADI, el centro de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, ordenó al Estado reembolsar a Telefónica la suma que la compañía había pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por orden de otro tribunal de arbitramento, en ese momento, bajo el reglamento de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La ANDJE actuó ante el CIADI en defensa de los intereses de la nación luego de que el presidente Gustavo Petro manifestó la necesidad de revisar de este tipo de decisiones, las cuales calificó de “lesivas para la soberanía nacional».
En la solicitud de anulación Colombia alega que el tribunal ignoró el derecho aplicable a la controversia.
Adicional, el recurso de la ANDJE argumenta que en contravención del derecho internacional, el tribunal actuó como una corte de apelación sobre asuntos de derecho colombiano decididos por la Corte Constitucional y se pronunció sobre una controversia meramente contractual ya resuelta en el Arbitraje CCB.
Además enfatizó que, sin motivos, el tribunal de arbitramento que profirió el laudo ordenó el pago de intereses que penalizan a Colombia por la demora de los mismos árbitros en emitir su decisión, más de tres años y medio contados a partir del último escrito de las partes.
Junto con la petición de anulación, la ANDJE solicitó también la suspensión automática de la ejecución del laudo hasta la constitución del comité ad hoc del CIADI que decidirá sobre la solicitud.
“Ahora Telefónica va a quedarse gratuitamente, prácticamente, con el otro pedazo pequeño que quedaba de Telecom por la demanda», indicó el jefe de Estado en la ceremonia de reconocimiento de unas pensiones a empleados de la desaparecida empresa, que tuvo el monopolio de las telecomunicaciones en Colombia y fue adquirida por Telefónica en el año 2003.
Colombia también solicitó mantener la suspensión de la ejecución del laudo hasta tanto no se tome una decisión final sobre la solicitud.
