El gobierno nacional presentará este viernes 13 de junio el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), un documento clave que establecerá las proyecciones económicas y fiscales del país en un contexto marcado por el deterioro de las finanzas públicas. Entre las medidas que se esperan anunciar está una nueva reforma tributaria con la que se pretende recaudar hasta 19 billones de pesos colombianos.
Esta reforma incluiría la suspensión de la regla fiscal mediante la activación de la llamada «cláusula de escape», un mecanismo previsto para situaciones excepcionales que exige mayor flexibilidad en el manejo del gasto. Según informes preliminares, la suspensión sería por tres años y permitiría elevar el déficit fiscal al 7,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, más del doble del promedio prepandemia.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo pretende despejar las dudas sobre la estrategia del gobierno para enfrentar el creciente desbalance en las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, subrayó la urgencia de un nuevo pacto fiscal que contemple ajustes en los ingresos, advirtiendo que, de no tomarse medidas, se corre el riesgo de una parálisis en el funcionamiento del Estado y de la economía.
De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el déficit fiscal de Colombia alcanzó el 2 % del PIB en marzo, el nivel más alto en dos décadas. El organismo ha insistido en la necesidad de tomar decisiones inmediatas para aumentar el recaudo o reducir el gasto con el fin de cumplir las metas fiscales de este año.
En paralelo, el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) ya habría aprobado la activación de la cláusula de escape, lo que oficializaría la suspensión temporal de la regla fiscal. Esta decisión responde a un gasto público que ha crecido a un ritmo más acelerado que los ingresos, una situación que pone en duda la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
Alertas y preocupaciones
Desde el sector académico y técnico también se han emitido alertas. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que el problema no radica en la estructura tributaria, sino en el incremento desproporcionado del gasto público. Según Ocampo, mientras los ingresos tributarios crecen a una tasa del 2 %, los gastos de funcionamiento lo hacen al 3 %, lo que requiere ajustes en el gasto más que nuevas cargas impositivas.
Fedesarrollo ha estimado que un ajuste del gasto debería rondar los 40 billones de pesos, aunque Ocampo considera que un recorte de esa magnitud podría ser contraproducente. Aun así, destaca que un ajuste es inevitable si se quiere restaurar el equilibrio fiscal.
Por su parte, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó un rechazo técnico a la posibilidad de una nueva reforma tributaria. A su juicio, recurrir nuevamente a esta herramienta revela una falta de responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. “Hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente tener que endilgar a diferentes actores falta de seriedad en el manejo de la finanza pública”, declaró.
Rodríguez advirtió que el actual contexto representa un “cóctel demasiado peligroso”, compuesto por el recorte presupuestal tardío, el anticipo del impuesto de renta de 2026 al 2025 y la ampliación de la regla fiscal. Todos estos elementos, dijo, incrementan los riesgos para la estabilidad macroeconómica del país.
APN Noticias
