Prevenir hechos que puedan llevar al Estado a enfrentar litigios ante los tribunales, mejorar la gestión de quienes representan a las entidades públicas en procesos judiciales y reducir el impacto fiscal por condenas son los objetivos del Decreto 104 del 28 de enero de 2025, por medio del cual el Gobierno nacional crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE).
La norma reglamenta la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, y que en su artículo 206 establece que el Estado contará con un sistema para fijar “políticas, estrategias, principios, normas, rutas de articulación e instrumentos jurídicos, técnicos, financieros y gerenciales orientados a garantizar de manera coordinada la eficacia de la política pública de defensa jurídica del Estado».
El nuevo marco normativo, señala la norma, estará a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La entidad será la coordinadora del Sistema y liderará la ejecución de estrategias bajo un pilar fundamental: el enfoque territorial, el cual permitirá a la Agencia trabajar de la mano con las entidades locales mediante un proceso gradual y progresivo de asesoría y fortalecimiento en la gestión de su carga litigiosa.
Este acompañamiento garantizará que las administraciones locales cuenten con herramientas efectivas para mejorar la toma de decisiones y optimicen su defensa ante procesos judiciales, fortaleciendo las capacidades institucionales de las entidades públicas en materia de defensa jurídica.
El primer paso en la activación del SDJE, señala la ANDJE, será concentrar toda la información sobre los litigios territoriales en el Sistema eKOGUI, una plataforma que permite a las entidades hacer control de casos, consultar expedientes, contar con metodologías de valoración del riesgo, reportes e instrumentos que permitan la generación de conocimiento.
Aspectos relevantes de la estrategia
Según la Agencia, la estructuración del SDJE representa un paso hacia una gestión pública más eficiente, preventiva y articulada, en beneficio de toda la ciudadanía colombiana actuando de manera coordina para:
- Optimizar las condiciones y calidades de los abogados defensores del Estado, promoviendo formación y actualización continua.
- Establecer estándares de gestión eficiente en la defensa jurídica estatal.
- Reducir el impacto fiscal derivado de la litigiosidad, evitando gastos correspondientes a indemnizaciones y otras obligaciones judiciales que afectan el presupuesto público.
- Mejorar sus procesos de toma de decisiones con base en datos precisos y actualizados.
- Desarrollar respuestas oportunas y efectivas según el nivel de riesgo procesal de cada caso.
- Formular políticas de prevención que reduzcan la litigiosidad, y permitan la inversión eficiente de los recursos públicos en proyectos prioritarios para las comunidades.
Con la expedición del Decreto 104 del 28 de enero de 2025, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la protección de los recursos públicos y la mejora de la capacidad de respuesta de las entidades frente a los procesos judiciales en su contra.
- (Con información de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE–)
