Las partes anunciaron que el cese al fuego bilateral comenzará a partir del 8 de octubre, luego de que en mayo se suspendiera una tregua previa a raíz del asesinato de cuatro adolescentes indígenas por parte del grupo armado. Ambas partes fijaron una mesa de diálogo que iniciará esa misma fecha y dará pie a las conversaciones de paz entre la Administración de Gustavo Petro y la mayor disidencia armada de las extintas Farc, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC).
«Estamos en un momento histórico y dando un paso sustancial para la construcción de la gran, inédita y ambiciosa propuesta de Paz Total en nuestro país. Ahora debemos enfrentar el escepticismo a nivel nacional», dijo Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, al momento de anunciar el cese al fuego y el arranque de los diálogos, noticias que dio desde el departamento del Cauca, al suroeste del país.
Desde el Estado, la cabeza negociadora del Gobierno, Camilo González, calificó el proceso como «histórico» y subrayó que existirán múltiples protocolos y procedimientos vigilados por ambas partes para asegurar el cumplimiento de los eventuales acuerdos a los que se llegue.
Los preparativos del encuentro ya se iniciaron, para dar inicio a la mesa de diálogos el 8 de octubre. Y del 11 de noviembre al 8 de agosto de 2024, «se evaluarán los alcances y cumplimientos en el desarrollo de la agenda», dijo por su parte Andrey Avendaño, jefe negociador de la delegación del EMC.
Declaración conjunta de las Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC-EP pic.twitter.com/pS13LljF6Q
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) September 19, 2023
Santander, sede de las negociaciones
Será el departamento de Santander y uno de los más afectados por el conflicto en el país, donde se realizará la mesa de diálogo entre las partes y también donde se publicará el documento con los lineamientos a seguir durante el cese al fuego.
Por otro lado, los miembros del EMC se han comprometido a liberar «en los próximos días» a tres soldados retenidos en condición de «prisioneros de guerra» por sus fuerzas, así como a otros rehenes secuestrados en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
El anuncio se da solo días después de otro alto al fuego acordado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundada en 1964. Un pacto conseguido después de años de negociaciones entre las dos partes y que arrancó el pasado 3 de agosto.
La muerte de cuatro menores y el fracaso de un alto al fuego previo
A inicios de año, el presidente colombiano anunció un acuerdo de alto al fuego con distintas células del EMC, ubicadas principalmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Sin embargo, la tregua, pactada por seis meses, no llegó a cumplirse.
En mayo, el Gobierno suspendió la tregua con el grupo disidente liderado por alias «Iván Mordisco», después de que se conociera sobre el asesinato de cuatro jóvenes indígenas que habían sido reclutados, de manera forzada, por las fuerzas del EMC.
La mayor disidencia de las Farc, que se negó a firmar el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, ha estado envuelta en controversias por su aporte a la violencia en el país. Según un informe de la ONU, el EMC fue el mayor responsable de graves violaciones a los derechos humanos de menores de edad dentro de Colombia en 2022.
Las fuerzas del EMC cuentan con alrededor de 3.000 combatientes y se ubican principalmente en el sur, oriente y occidente del territorio colombiano, donde sus prácticas han sido denunciadas por diversos actores, llegando a ser incluidas en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
Insight Crime señala al Estado Mayor Central de tener un amplio poder armado, así como «el control de distintas rentas criminales, especialmente el narcotráfico». Sin embargo, la entidad señala que el grupo se ha debilitado en los últimos años como consecuencia de enfrentamientos con otros grupos criminales y el Ejército colombiano.
