El balance operativo de las Fuerzas Militares en 2025 muestra una ofensiva sostenida contra grupos armados ilegales, con golpes a sus cabecillas y economías ilícitas. Los resultados reflejan avances en seguridad, pero también evidencian la persistencia del conflicto armado en varias regiones del país.
El cierre operativo de 2025 dejó para las Fuerzas Militares de Colombia un balance marcado por resultados de alto impacto frente a los principales grupos armados ilegales, en un año atravesado por la complejidad del orden público y los retos de una política de seguridad que buscó combinar presencia territorial, presión militar y afectación directa de las economías criminales.
De acuerdo con el reporte oficial, el esfuerzo estratégico estuvo enfocado en dos frentes: el debilitamiento del mando criminal y el golpe a las fuentes de financiación ilegal, especialmente el narcotráfico y la minería ilícita. Esta doble vía explica la intensidad de las operaciones conjuntas adelantadas por el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con énfasis en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
El contexto de seguridad en 2025 estuvo marcado por la persistencia del accionar del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, estructuras que, pese a los golpes recibidos en años anteriores, mantuvieron capacidad de adaptación y control territorial en corredores estratégicos. La respuesta militar, según las autoridades, fue reforzar la presencia en zonas clave y priorizar operaciones de alto valor contra cabecillas y estructuras armadas.
Uno de los frentes más visibles fue el combate al Clan del Golfo, organización que sigue siendo considerada la mayor amenaza criminal del país por su alcance nacional y su capacidad de cooptación local. En Antioquia, las operaciones dejaron la captura de alias Pablo, cabecilla de zona en el suroeste del departamento, y la muerte de varios de sus hombres en enfrentamientos armados. A esto se sumó la acción en la vereda El Recreo, donde fue dado de baja alias Rigo o Farley, por quien existía una de las recompensas más altas ofrecidas por el Estado.
“Estos resultados muestran que la presión sostenida sobre el mando criminal reduce la capacidad de intimidación y violencia de estas estructuras”, señaló el Ministerio de Defensa, al destacar la incautación de armamento y explosivos destinados a ataques contra la fuerza pública.
Las disidencias de las Farc también concentraron buena parte del esfuerzo militar. La neutralización de alias Cinco, cabecilla del frente 36, y la captura de alias Richard en Antioquia evidencian la intención de las Fuerzas Militares de golpear las cabezas visibles de estas estructuras. Sin embargo, fue en Guaviare donde se registró una de las operaciones más significativas del año, con la neutralización de integrantes de subestructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Este operativo no solo dejó capturas y bajas, sino también la recuperación de menores de edad, un aspecto que pone de relieve la persistencia del reclutamiento forzado como práctica criminal. Para analistas de seguridad, este tipo de resultados “tiene un impacto simbólico y operativo, pero no significa el desmantelamiento definitivo de las disidencias, que siguen fragmentándose y reconfigurándose”.
En regiones como el Valle del Cauca y el Cauca, la ofensiva militar se concentró en estructuras responsables de extorsiones, homicidios y control social. La desarticulación de comisiones armadas y la muerte de reclutadores de menores fueron presentadas por las autoridades como avances en la protección de comunidades, aunque líderes sociales han insistido en la necesidad de una presencia integral del Estado más allá de lo militar.
El norte del país tampoco estuvo exento de la confrontación. En Norte de Santander, la neutralización de cabecillas del Tren de Aragua evidenció la expansión de estructuras criminales transnacionales y la respuesta del Estado frente a fenómenos que combinan delincuencia organizada y violencia armada. “Estamos enfrentando organizaciones con dinámicas nuevas, que requieren coordinación interinstitucional”, reconoció una fuente militar consultada.
En el sur del país, operaciones en Caquetá afectaron directamente el mando de la Estructura Primera Armando Ríos, con la muerte de alias Paisa y otros integrantes. Para el alto mando militar, este tipo de golpes “debilita la capacidad de planificación y reduce la presión armada sobre la población civil”.
El narcotráfico siguió siendo uno de los principales objetivos. La destrucción de complejos para el procesamiento de cocaína en Tumaco y las incautaciones en el Caribe y el Valle del Cauca evidencian la importancia de la interdicción terrestre y marítima. Según cifras oficiales, estas acciones impactaron rutas clave de exportación y representaron pérdidas millonarias para las organizaciones criminales.
No obstante, el balance deja preguntas abiertas. Si bien las Fuerzas Militares destacan los resultados operacionales, expertos advierten que la sostenibilidad de estos avances depende de políticas complementarias en desarrollo rural, sustitución de economías ilegales y fortalecimiento institucional. “La ofensiva militar es necesaria, pero no suficiente para cerrar los ciclos de violencia”, afirmó un analista en seguridad.
El cierre de 2025 muestra, en suma, una Fuerza Pública activa y con capacidad operativa, pero enfrentada a un conflicto que muta y se reacomoda. Los golpes a cabecillas y economías ilícitas representan avances concretos, aunque el desafío para 2026 será transformar estos resultados tácticos en mejoras estructurales y duraderas para la seguridad del país.
