Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Antioquia han denunciado que en algunos territorios de ese departamento se están presentando situaciones que atentan contra la integridad de los habitantes.
Aseguran que las graves violaciones a los derechos fundamentales de los antioqueños alejados de Medellín obedecen al reacomodo territorial de estas organizaciones criminales dedicadas a controlar las rutas para la exportación de cocaína y custodiar las rentas ilegales producto de actividades como la extorsión y el microtráfico.
“[Dada la realidad del territorio] hemos concluido con gran preocupación, la necesidad de alertar sobre el acelerado e inaceptable avance del establecimiento de grupos armados paramilitares, quienes en operación conjunta con grupos armados de la fuerza pública, amenazan y desestabilizan los esfuerzos que como comunidades organizadas hemos emprendido a favor de la vida y de la permanencia nuestra”, dice el boletín de prensa emitido por plataforma de DD. HH. y DIH Nodo Antioquia – Coordinación Colombia Europa EU.
Sobre este tema, señalaron que los incidentes que se vienen presentando, muchas veces traducidos en asesinatos y atentados sicariales contra líderes sociales y la instrumentalización de la población civil, genera entre los habitantes de la región una sensación de desconfianza ante el poco interés del Estado y sus instituciones en brindar y garantizar una real protección, sino, todo lo contrario.
“No hay ninguna garantía de protección de Derechos Humanos, se recrudece la violencia, se agudiza la pobreza y se genera terror en las familias de nuestras comunidades. Es por ello que denunciamos de manera pública, ante las organizaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, Ministerio Público, Ministerio de Defensa y en general ante todas las entidades e instituciones gubernamentales con competencia territorial en las subregión Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el avance progresivo de grupos paramilitares en comprobada connivencia con la fuerza pública con la pretensión de sabotear los acuerdos de «cese al fuego» proclamados entre el Gobierno y los grupos armados”, denuncia la plataforma defensora de derechos humanos.
Señalan además que en poblaciones del nordeste antioqueño la presencia de grupos al margen de la ley es sostenida, incluso, los habitantes de la región identifica quiénes son los líderes o cabecillas del frente o bloque que opera en su municipio o corregimiento.
Explica la ONG que en este espacio territorial, los paramilitares se mueven como pez en el agua, por ejemplo, en el municipio de Yolombó, específicamente en los corregimientos de Villa Nueva y La Floresta; igualmente, hacen presencia constante en el corredor vial que conecta el municipio con la vereda La Cruz.
“La zona más golpeada de acuerdo a los acontecimientos registrados en el último periodo, es la franja que comunica a Yolombó y Amalfi a través de veredas como La Abisinia, Maracaibo, La Cordillera, San Agustín, La Cruz, La Verduguita, Las Frías, Barro Blanco, La Jergona y Cachumbal; siendo esta última, uno de sus núcleos de mando con despliegue al centro urbano por parte del Clan del Golfo”, detalla la nota.
Durante los último cuatro años, periodo de tiempo en el que la estructura criminal ha ido creciendo y diseminando por la región, actúa como agente dinamizador de las intimidaciones y atentados contra líderes sociales, extorsiones, imposición de ‘multas’, presiones a las organizaciones comunales y reclutamiento forzado.
Finalmente, señalan que los homicidios han aumentado exponencialmente por cuenta de las diputas internas por el control de las estructuras y “la imposición de estrategias de recaudo y consolidación en la zona que han incluido dos masacres, extorsiones y estafas, aumento de jóvenes reclutados, de gota a gota y microtráfico al servicio de los grupos armados delincuenciales que operan en la región franja media del nordeste Antioqueño comprendida entre Yolombó-Segovia”.
APN Noticias
