Durante un evento en la Plaza de la Constitución y en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), Guatemala se proclamó como “Capital Iberoamericana Provida”.
“¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, aseguró el mandatario derechista guatemalteco, Alejandro Giammattei, durante su intervención en el evento.
Una ley reaccionaria contra el aborto
Mientras que, durante los últimos dos años, algunos países de América Latina como México, Argentina y Colombia ampliaron el acceso al aborto, en otras naciones de la región, las tendencias conservadoras se siguen imponiendo con fuerza.
El martes -mientras el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer- el Congreso de Guatemala aprobó por una abrumadora mayoría una polémica ley apodada “Protección de la Vida y la Familia”, que también se dirige contra la comunidad LGBTIQ+.
Las mujeres guatemaltecas condenadas por interrumpir su embarazo podrán ahora enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, cuando previamente, las penas eran de un máximo de tres años.
El Congreso impuso penas aún más severas para los médicos y las demás personas que ayuden a las mujeres a interrumpir sus embarazos no deseados. El aborto sólo seguirá legal cuando la vida de la madre esté en peligro.
La legislación fue aprobada con 101 votos a favor y ocho en contra, mientras que 51 legisladores no estuvieron presentes.
Una medida a contracorriente de las tendencias regionales
Colombia amplió el acceso al aborto el mes pasado cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
En septiembre, la Corte Suprema de México dictaminó que el aborto no era un delito y que sería inconstitucional castigarlo.
Y en enero del año pasado, entró en vigor en Argentina una ley que permite el aborto hasta la semana 14 de embarazo y más allá en casos de violación o de riesgo para la salud de la mujer.
Pero en Guatemala, los legisladores que respaldaron la legislación argumentaron que la ley era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana».
La comunidad LGBTIQ+ también se ve afectada
La nueva legislación guatemalteca prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La normativa también proscribe la enseñanza a los niños y a los jóvenes sobre la diversidad sexual y la ideología de género, y especifica que no son «normales» otras orientaciones que no sean la heterosexualidad.
En declaraciones a France 24, Lesly Guerrero, asesora legal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, señalo que, a partir de ahora, “la educación pública o privada tendrá que regirse bajo criterios de promoción de valores heterosexuales, lo que va en contra de la Constitución que promueve los derechos humanos como parte de la educación”.
El legislador Armando Castillo, aliado de la administración de Giammattei, defendió la legislación, diciendo que lo único que hace es proteger a “las personas heterosexuales que no tienen interés en la diversidad”.
Pero la diputada opositora Lucrecia Hernández advirtió que esta “ley estigmatiza a las personas, discrimina y fomenta la intolerancia y los discursos y delitos de odio”.
En opinión de Pérez Álvarez, diputado del partido de centro izquierda Semilla, los legisladores que aprobaron la normativa están “haciendo a Guatemala pasar una vergüenza mundial y regional diciendo que defienden la vida y la familia, mientras lo que hicieron ayer fue aprobar una ley para matar y encarcelar mujeres”.
Álvarez añadió que si realmente el Gobierno de Giammattei se interesara por la población “combatiría la corrupción y resolvería los problemas cotidianos” como el “desempleo, la falta de ingresos, los precios de las medicinas y los combustibles”.
