En un acto pacífico de resistencia y defensa por sus derechos, cientos de mineros del municipio de Vetas, Santander, se declararon en desobediencia civil frente a la reciente prohibición de la actividad minera en su territorio impuesta por el Ministerio de Ambiente mediante la declaración de una polémica Zona de Reserva Temporal, y exigieron a la alcaldía de su municipio y al concejo, convocar a una Consulta Popular para rechazar o aprobar la prohibición de la minería en su municipio.
Los manifestantes fueron enfáticos en rechazar la zona de reserva temporal que desde el pasado 3 de marzo, cuando fue firmada por la saliente ministra Susana Muhamad, ya está afectando a miles de familias de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona; y resaltaron que esta resolución ha sido fuertemente criticada y denunciada por parte la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los 6 alcaldes de la Provincia de Soto norte, y la Gobernación de Santander, debido a las inconsistencias técnicas, jurídicas y procedimentales.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera, expresó que “nos declaramos en desobediencia civil. Si vienen por un vetano, vienen por todos. No lo vamos a permitir. Le solicitamos a la alcaldesa municipal, al concejo municipal y a las demás autoridades competentes, que se adelante una consulta pública, popular y democrática de nosotros los habitantes del municipio de Vetas, al igual que en todo Soto Norte, para que votemos contra esa prohibición a la minería, y para garantizar que se nos respete nuestra autonomía territorial, nuestra vocación minera y el derecho fundamental a escoger nuestra profesión u oficio”.
En la manifestación, participaron cientos de mineros y sus familias que se encuentran en procesos de formalización, se dio a raíz de la visita de representantes del Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Colombia Internacional a este municipio, quienes tenían como objetivo socializar un proyecto para hacer un censo de los mineros, y llevarlos a una “reconversión de sus actividades”, es decir, para que den de hacer minería.
Los habitantes afirmaron que tienen una vocación minera de más de 400 años, la lucha por la revocatoria de la Resolución 0221 aún no tiene fecha de caducidad. De hecho, las comunidades de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, han anunciado que iniciarán acciones legales y movilizaciones sociales en Bucaramanga y Bogotá, para que sus voces lleguen a todas las instancias y así la decisión del Gobierno sea reconsiderada.
«Así como el presidente Petro dijo en su alocución “que sea el pueblo el que decida» sobre si se aprueban o no las reforma laboral y del trabajo, nosotros en Vetas pedimos que sea nuestro pueblo el que decida si se aprueba o no la prohibición a la minería en nuestro territorio. Así le diremos en democracia, a los funcionarios arbitrarios del Ministerio de Ambiente y el de Minas, que somos mineros hace siglos y que no pueden acabar nuestra vocación con resoluciones amañadas, ilegales, inconsultas y hechas de espaldas a la gente desde sus escritorios en Bogotá», indicó González.
Los vetanos y vetanas consideran que el proyecto que pretende ejecutar el Minminas, así como las últimas decisiones arbitrarias y lesivas del Gobierno Nacional, desconocen el arraigo, la ancestralidad, la idiosincrasia y la historia minera, además no son más que un acto caprichoso y dictador para borrar la tradición minera que por generaciones se ha realizado en Vetas manteniendo practicas sostenibles y con alto índice de preservación de los ecosistemas.
De acuerdo con lo expresado por algunos líderes de la zona, la propuesta de reconversión productiva es inaceptable, por lo que cualquier tipo de iniciativa que se pretenda ejecutar y que afecta a la comunidad debe incluir un proceso de participación previa, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, la sentencia T361 de la Corte Constitucional, y demás normas internacionales y nacionales.
