Tras dos aplazamientos, el próximo 26 de septiembre Haití celebrará elecciones presidenciales, legislativas y un referendo para modificar la Constitución, según anunciaron las autoridades electorales del país el 28 de junio. La segunda vuelta queda prevista para el 21 de noviembre y los comicios locales se aplazan hasta enero de 2022, sin que ninguna razón se haya hecho pública.
El referendo constitucional que estaba previsto para abril fue aplazado al 27 de junio y posteriormente reportado sine die, con el argumento de la crisis sanitaria. Finalmente, se fijó el 26 de septiembre como fecha para acudir a las urnas, aunque con pocas certezas sobre lo que se podrá decidir.
Según el medio francés ‘Le Monde’, la propuesta de la nueva Carta Magna todavía se está redactando, pero gira en torno al refuerzo de poderes del presidente. Dos anteproyectos ya conocidos proponían que las elecciones presidenciales se decidieran en una sola vuelta y que el Parlamento pase de tener dos cámaras a una.
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos criticaron la reforma constitucional, impulsada por el actual presidente Jovenel Moïse, en el cargo desde 2017. Las entidades señalaron la poca transparencia en el proceso de consultas de la nueva Carta Magna.
También la oposición y la sociedad civil cuestionan la posibilidad de que se celebren elecciones libres. Por otro lado, tachan de ilegítimo el ejercicio presidencial desde febrero de 2021, cuando el Consejo Superior del Poder Judicial decretó el fin del mandato de Moïse. Además, desde enero de 2020 el presidente gobierna sin la presencia de contrapoderes, tras el fin de la legislatura parlamentaria que no se renovó.
“Las elecciones de Haití están sujetas regularmente a retrasos, fraude y violencia, y el sistema político en su conjunto se ve socavado por la corrupción. El sistema de Justicia penal carece de recursos, independencia e integridad para mantener el debido proceso y garantizar la seguridad física de la población. Las protestas contra el Gobierno a menudo resultan en un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”, señala Freedom House, organización que monitorea el estado de las libertades políticas en el mundo.
Elecciones en un contexto de larga crisis política y social
Las elecciones tendrán lugar en un contexto de crisis política y social que se hizo visible en el verano de 2018, cuando iniciaron las manifestaciones con el objetivo frustrado de tumbar al presidente. La indignación popular fue desatada por el aumento del precio de la gasolina y se atizó con un informe de 2019 que relacionaba empresas del presidente Moïse con casos de corrupción.
Catalizadores de las protestas que no se pueden desligar de la crítica situación económica, agravada por la pandemia, que atraviesa la clase trabajadora del país más pobre de América. Como respuesta a la movilización, Moïse ha cambiado seis veces al primer ministro.
La represión a las movilizaciones, así como la violencia de grupos armados contra la ciudadanía frente a la complicidad o incompetencia estatal, generó una espiral de violencia que se extiende hasta hoy. La situación sirvió de pretexto para aplazar las elecciones legislativas previstas para 2019.
Una suspensión que ha permitido al presidente gobernar por decretos ejecutivos desde enero de 2020, cuando se suspendió la actividad en el Parlamento por el fin del mandato de los congresistas y de dos terceras partes de los senadores.
Al margen de las protestas antigubernamentales reprimidas por el ejecutivo de Moïse desde hace tres años, distintas bandas armadas se disputan el control del oeste de la capital, Puerto Príncipe. Un conflicto agravado desde inicios de junio.
Los enfrentamientos han causado decenas de heridos, muertos y 17.000 desplazados, según Naciones Unidas. Por otro lado, la situación impide en gran medida la comunicación del sur del país con la capital.
La misma violencia civil armada llevó a la organización Médicos Sin Fronteras a cerrar temporalmente uno de sus centros en la capital tras ser blanco de tiroteos el pasado 26 de junio. «Mientras los equipos de MSF atendían a los pacientes, unos individuos armados dispararon varias veces en dirección al centro de urgencias», expresó la ONG en un comunicado de prensa.
Gran parte de las personas afectadas por los desplazamientos forzados son población que vive todavía las consecuencias del terremoto de 2010. Un desastre natural que causó 976.000 muertos, 550.000 heridos y dejó 1,3 millones de personas sin hogar.
