El hallazgo de más de 15 cuerpos en estado de descomposición en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, ha encendido las alarmas sobre la violencia que azota la región. Autoridades investigan si se trató de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
El olor penetrante fue lo primero que alertó a los campesinos. En la mañana del jueves 19 de marzo, mientras recorrían los caminos de la vereda Casa Verde, notaron que algo extraño emanaba desde un área boscosa apartada. Al acercarse, la escena fue devastadora: más de quince cuerpos yacían en avanzado estado de descomposición, esparcidos en un terreno que parecía haber sido escenario de una confrontación armada. El miedo se apoderó de los habitantes, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades locales.
La noticia corrió rápido por Santa Rosa del Sur, un municipio del sur de Bolívar marcado por la presencia de grupos armados ilegales. En pocas horas, unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica y el levantamiento de los cadáveres. El silencio de la zona contrastaba con la magnitud del hallazgo.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían sido emboscados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La hipótesis apunta a un enfrentamiento entre estas estructuras que disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, las autoridades han sido cautelosas: aún no existe confirmación oficial sobre las identidades ni sobre los responsables directos.
La Fiscalía General de la Nación informó que se adelantan procesos de identificación mediante pruebas forenses, mientras se recolectan elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido. La Policía Nacional, por su parte, reforzó la presencia en la zona para evitar nuevos hechos de violencia.
Para los campesinos, el hallazgo no solo representa una tragedia ajena, sino un recordatorio de la fragilidad de su cotidianidad. “Vivimos con miedo, no sabemos cuándo puede estallar otra confrontación”, relató un habitante que pidió reserva de su nombre. La zozobra se ha instalado en las veredas, en donde las familias temen quedar atrapadas en medio de la guerra entre grupos ilegales.
La Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, ya había advertido sobre el riesgo que enfrentan las comunidades rurales del sur de Bolívar. En un informe reciente, señaló que la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo ha incrementado las amenazas, los desplazamientos forzados y las restricciones a la movilidad de los pobladores.
El sur de Bolívar ha sido históricamente un territorio en disputa. Durante décadas, guerrillas, paramilitares y bandas criminales han intentado controlar sus corredores estratégicos. La riqueza minera y la ubicación geográfica lo convierten en un punto clave para el tráfico de drogas y armas. Santa Rosa del Sur, en particular, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos que han dejado víctimas civiles y combatientes.
En 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el incremento de homicidios y masacres en la región. Según sus registros, Bolívar se ubicó entre los departamentos con mayor número de hechos violentos asociados a la confrontación armada. El hallazgo del 19 de marzo parece confirmar esa tendencia.
El gobernador de Bolívar expresó su preocupación y pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia institucional en el sur del departamento. “No podemos permitir que las comunidades sigan siendo víctimas de la guerra entre grupos ilegales. Necesitamos más Ejército, más Policía, pero también inversión social”, señaló en rueda de prensa.
La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de establecer medidas urgentes de protección para los campesinos, mientras que organizaciones sociales reclamaron atención integral: salud, educación y proyectos productivos que permitan reducir la dependencia de economías ilegales.
La comunidad internacional ha mostrado preocupación. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten la vida de la población civil. Sin embargo, en el terreno, los campesinos sienten que las palabras se quedan cortas frente a la realidad que enfrentan día a día.
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