La Contraloría General de la República determinó un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria y penal, así como fiscal, en cuantía de más de $113 millones de pesos, por las presuntas irregularidades que se dieron en la celebración del contrato de arrendamiento de la nueva sede del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
En una actuación que realizó al atender una denuncia sobre el tema, específicamente sobre la celebración del contrato 087 de 2020 suscrito por el ICA con la empresa FAMOC, el organismo de control detectó un posible favorecimiento a terceros, gestión antieconómica y desconocimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por falta de un estudio de mercado que garantizará estos aspectos.
Según la Contraloría, el ICA sustentó la celebración de este contrato con un documento denominado estudios y documentos previos, donde no se encuentran los elementos técnicos y jurídicos, que soporten la decisión de cambio de la sede de la entidad,
Tal situación evidencia el incumplimiento de lo preceptuado en varias normas legales (Literal i, numeral 4° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; artículos 82 y 83 del Decreto 1510 de 2013; y el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015).
No hubo un estudio del sector
La CGR verificó que el ICA no elaboró los documentos previos bajo un estudio del sector, que le permitiera identificar las condiciones en que debían ofrecer las propuestas para el contrato de arrendamiento, tales como análisis de riesgos, de necesidades institucionales y de costo- beneficio, para garantizar que el principio de selección objetiva se cumpliera.
La entidad desconoció los principios de economía, transparencia y selección objetiva, dado que no adelantó el estudio de mercado que permitiera identificar y definir el valor del contrato con base en factores prexistentes y objetivos, haciendo sólo alusión a aspectos generales de la economía colombiana, sin identificar las necesidades específicas que requería para el funcionamiento de sus instalaciones.
Hubo una gestión antieconómica
En concepto de la CGR, se observa una gestión antieconómica en la suscripción del contrato de arrendamiento suscrito por el ICA con FAMOC, dado que el valor del arriendo mensual por metro cuadro es superior al anterior contrato de arrendamiento.
Esto si se tiene en cuenta que anteriormente cancelaba $110.000 incluido IVA por m2, y las instalaciones constaban de 5 pisos donde se ubicaban 831 puestos de trabajo, un local, 153 parqueaderos y 4 depósitos, con su respectivo mobiliario y demás equipamientos referidos en el contrato número GGC 065-2020.
Lo anterior, comparado con el nuevo contrato (GGC 087 2020), donde se paga $113.926,70 incluido IVA por m2, y sus especificaciones de instalación constan de 3 pisos donde se ubican 750 puestos de trabajo, 126 parqueaderos, con su respectivo mobiliario y demás equipamientos referidos en el contrato; es decir 81 puestos, 27 parqueaderos menos, no incluye depósito, ni local y es un área total menor en 1.246,29 m2.
“No hubo un estudio del mercado que le hubiera permitido encontrar más de una propuesta que se ajustara a los requerimientos previos, para garantizar el principio de selección objetiva”, recalca la Contraloría.
Posible favorecimiento a terceros
En la documentación remitida por parte de la entidad a la CGR, no se observa explicación jurídica ni técnica, en el sentido que la propuesta realizada por la empresa FAMOC, sea la mejor oferta costo-beneficio.
“Por lo expuesto se denota un posible favorecimiento a terceros, en el sentido que la justificación de la contratación directa y su estudio previo, corresponde a las características, físicas, técnicas y demás, presentadas por FAMOC DE PANEL – PLAZA CLARO el 22 de mayo, fecha en la cual ya estaban aceptadas dos ofertas diferentes para el proceso de selección, hechos que soportan la posible connotación penal”, indica la evaluación realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.
Los resultados de este Actuación serán traslados a las instancias competentes (Fiscalía, Procuraduría, en los casos de los hallazgos con posible connotación penal y disciplinaria).
