Por: Andrés Rueda/ Movilizados por el deseo de evitar, mediante el control, malas conductas en funcionarios públicos; un puñado de hombres adultos decidieron conformar una veeduría ciudadana para vigilar lo que respecta la intervención a la vía Bucaramanga, sector Peña de Oro Chiquito.
Las veedurías son un ejercicio de participación política; la Ley 134 de 1994 faculta a las ciudadanías para que estas (las veedurías) sean constituidas; y los artículos 103 y 270 de la Constitución Política de Colombia facilita la participación ciudadana mediante espacios válidos para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública.
La veeduría “Intervención vía Bucaramanga sector Peña de Oro Chiquito con estudio de alternativas” fue reconocida e inscrita mediante la Resolución N° 020 de julio del 2021 emitida por la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí; en la misma se declara que sus integrantes son los señores: Isnardo Vesga (quien es coordinador), Luis Eduardo Muñoz, Hover Izaquita y Luis Velandia; de acuerdo a Acta de constitución, respaldada por ocho ciudadanos.
El pasado martes dieciséis (16) de noviembre dicha Veeduría llevó a cabo una audiencia pública de rendición de cuentas por el canal comunitario Telechucurí. En este espacio el coordinador explicó a la comunidad los hechos que motivaron la conformación de la veeduría, los objetivos y los resultados que se han obtenido.
Todo empezó con el movimiento en masa (“derrumbe”) que resultó obstruyendo la vía Bucaramanga- San Vicente de Chucurí en el tramo conocido como Peña de Oro Chiquito en el mes de julio del año 2020. El Municipio declaró la urgencia manifiesta y el Departamento a través de la Secretaría de Infraestructura contrató con la firma Comanco S.A. la habilitación de la vía. El contrato celebrado fue por una suma de $2.739’214.422 con adición de $690’705.630 y una interventoría de $156’158.363.
Después de ejecutadas las obras en el lugar de la afectación se habilitó el paso hacia la ciudad de Bucaramanga, no obstante, en los días de julio del presente año el casco urbano y la mayoría de la población rural quedó incomunicada porque el tramo de Peña de Oro Chiquito volvió a colapsar por lluvias. De nuevo el Municipio declara la calamidad pública mediante Decreto N° 075 del 12 de julio del 2021; y la Secretaría de Infraestructura del Departamento vuelve a contratar con un privado (A y C Limitada) los servicios para la habilitación de la vía por un valor de $523.559.613 y una interventoría con un valor de $81’849.175.
La veeduría cuestionó la conducta de la Secretaría de Infraestructura Departamental puesto que, esta, mediante los dos contratos celebrados reparó un tramo de la vía la cual tiene un problema de inestabilidad geológica (según conocimiento empírico de los pobladores de la vereda donde se localiza el tramo en cuestión), es decir no se cuestionaba que se reparara la vía sino que se invirtieran recursos a un tramo de la vía que tarde o temprano va a estar en mal estado pues las condiciones geológicas no permiten su buen estado en el tiempo. Ante este panorama la Veeduría planteaba un tramo nuevo que evitara el verdadero problema: lo que la población llama la falla geológica.
Ante esto el Director de Gestión de Riesgo de Desastres del departamento contestó que el Departamento actuaba soportado en la declaratoria de calamidad pública N° 75 de 2021 del Municipio de San Vicente de Chucurí y que el alcance de la obra es la rehabilitación de las áreas afectadas sin que se modifique el trazado de la vía.
Para finalizar se debe anotar que son dos los importantes logros de esta Veeduría. El primero es que lograron obtener la información relacionada a los dos contratos mediante una orden de desacato de un juez, pues la Secretaría de Infraestructura departamental negaba el derecho al acceso a la información de dominio público. Y el segundo logro, la formulación de una pregunta, que marca el paso a seguir: ¿Por qué la obra que se ejecutó para habilitar Peña de Oro Chiquito por un valor de más de 3’400.000.000 en el 2020 no funcionó? Puesto que en el año 2021 la vía colapsó en el mismo punto y el costo de su reparación fue apenas por menos de 600’000.000.
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*Arquitecto investigador de la Universidad Nacional. Magister en estudios urbano-regionales.
