Desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en una audiencia pública, diferentes organizaciones internacionales y sociales como Amnistía Internacional y la Comisión Colombiana de Juristas afirmaron que el Estado no tiene voluntad política para la protección colectiva.
Fernanda Doz Costa, directora para las Américas de Amnistía Internacional aseguró que el Estado no ha hecho una rendición de cuentas sobre la protección colectiva de líderes y defensores de derechos humanos.
«La principal recomendación es que las personas defensoras de estos derechos colectivos lo hacen de manera colectiva, es decir, hay a veces una cara visible que puede ser la lideresa o el líder de esa comunidad pero en realidad hay toda una comunidad defendiendo por ejemplo su territorio de industrias extractivas o de actores armados o de empresas legales o ilegales, entonces la protección de esa personas tiene que ser colectiva, si no es colectiva no sirve ponerle un chaleco antibalas a una mujer lideresa y luego no atacar las causas estructurales por las cuales ella está en riesgo”, destacó.
Para la integrante de Amnistía Internacional, quien se ha reunido con diferentes funcionarios del Estado y líderes sociales, no hay una definición clara de medidas de protección colectiva, por ejemplo, desde la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Identificamos cuál es el problema y es la falta de voluntad política del Estado para atacar las causas estructurales de la inseguridad en los territorios. El Ejecutivo no se articula para ofrecer una protección y la Fiscalía no actúa contra la impunidad”, dijo Doz Costa.
De igual manera, explicó que existen problemas para responsabilizar a quien no cumple su trabajo.
“Ningún funcionario ha sido sancionado por no cumplir su obligación de proteger a personas y comunidades en riesgo. El tema de rendición de cuentas es clave”, insistió la directora para las Américas de Amnistía.
En ese sentido, propuso al Congreso, a través de las representantes Ángela María Robledo, María José Pizarro y Juanita Goebertus, la creación una comisión de verificación de garantías para los líderes líderes sociales y defensores de derechos humanos, para que cuando haya una falla en la garantía de seguridad, saber a quién señalar.
A la audiencia asistieron líderes y lideresas de diferentes partes del país como María Ciro, lideresa social del Catatumbo, quien aseguró que «el Estado se disputa el territorio para la garantía de intereses económicos trasnacionales. La implementación de políticas extractivistas es la razón del despojo, desplazamiento y genocidio del campesinado».
«El Estado sigue sin implementar medidas de protección, prevención y garantías para personas defensoras de derechos LGBT con enfoque de género, y los análisis de riesgo siguen desconociendo las afectaciones diferenciadas que estas sufren», señalaron voceros de Colombia Diversa.
