La Jurisdicción Especial para la Paz impuso una condena de 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al hallarlo responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2003 por el Batallón La Popa, en alianza con estructuras paramilitares.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia sin precedentes contra un alto oficial del Ejército colombiano: el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez deberá cumplir 20 años de prisión efectiva por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos perpetrados entre 2002 y 2003, cuando comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar.
La decisión, adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, constituye la primera condena en juicio adversarial contra un oficial de alto rango dentro del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016. A diferencia de otros militares que aceptaron responsabilidad y accedieron a sanciones restaurativas, Mejía negó los cargos y defendió su inocencia hasta el final del proceso.
Según la sentencia, Mejía creó y dirigió un “aparato criminal de poder” incrustado en la estructura del Batallón La Popa, que operó en alianza con el frente paramilitar Mártires del Cesar, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta articulación permitió la ejecución sistemática de civiles que luego eran presentados como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate.
La Fiscalía de la JEP denominó esta estructura como “el tren del horror”, responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra población civil, incluidos campesinos, trabajadores y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en el Cesar y La Guajira.
El fallo documenta tres modalidades de ejecución. En una de ellas, los paramilitares entregaban cuerpos o personas vivas a los militares, quienes simulaban combates para reportar supuestos resultados operacionales. En 34 de los casos, esta coordinación quedó plenamente demostrada.
Uno de los episodios relatados en la sentencia es el de Jesús Emilio Márquez Gutiérrez, un transportador asesinado por paramilitares tras reclamar mercancía robada. Los responsables informaron al Batallón La Popa dónde habían dejado el cuerpo para que fuera presentado como baja en combate.
Otro caso es el de Anuar de Armas Rincones, señalado falsamente como guerrillero por su madrastra en medio de una disputa por una herencia. Fue asesinado por las AUC y entregado al Ejército para inflar estadísticas militares.
La imagen del “oficial ejemplar” que se derrumba
Durante el juicio, la defensa de Mejía insistió en que el coronel había sido “un militar que salvó de los grupos armados al departamento del Cesar”. Su figura, ampliamente condecorada y reconocida en la institución, era vista como un modelo a seguir. Uno de sus subalternos declaró: “Era un norte a seguir, era un ejemplo, era la persona en la cual todos queríamos convertirnos algún día”.
Sin embargo, la JEP concluyó que esa reputación se construyó sobre resultados operacionales fraudulentos, sustentados en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por ello, además de la condena, el tribunal ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al oficial por acciones relacionadas con el Batallón La Popa durante su comandancia.
El fallo rechaza cualquier beneficio alternativo a la prisión, como detención domiciliaria o suspensión condicional de la pena. La resolución es explícita: “Condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad”.
La decisión también ordena compulsar copias para investigar a jueces y fiscales que pudieron haber tenido participación o fallas en la tramitación de estos hechos en la justicia ordinaria, un paso que podría abrir nuevas líneas de responsabilidad institucional.
Aunque la condena no está en firme —la defensa puede apelar—, la sentencia representa un hito para las víctimas del Caso 03 de la JEP, que investiga ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado en todo el país.
Contraste con quienes sí aportaron verdad
El caso de Mejía contrasta con el de otros 12 exintegrantes del Batallón La Popa que reconocieron su participación en al menos 135 falsos positivos y recibieron sanciones propias, centradas en medidas restaurativas y restricciones efectivas de la libertad, al cumplir con los requisitos de verdad plena y reparación a las víctimas.
La sentencia reafirma los pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para las víctimas, representa un avance en la lucha contra la impunidad y un reconocimiento de la magnitud del daño causado por la alianza entre sectores del Estado y grupos paramilitares.
