Desde 2005, con la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay se puso a la vanguardia al implementar medidas para frenar el tabaquismo, pero todavía queda margen para incrementar la carga impositiva, que redundaría en un menor consumo y en un retraso de la edad de inicio.
Así lo muestran investigaciones del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, realizadas con el equipo Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la Fundación Bloomberg de Estados Unidos.
«Uruguay tuvo una campaña integral de políticas antitabaco, con un rápido acatamiento de la población», destaca a la AFP Patricia Triunfo, economista del Decon.
Los espacios públicos libres de humo alcanzan el 100% desde 2006, la publicidad de productos de tabaco está prohibida totalmente desde 2014 y el empaquetado neutro tiene una presentación única desde 2019.
En 2006 fumaba un 32% de la población entre 15 y 64 años, mientras en 2018 sólo lo hacía un 28%. Hoy la prevalencia en esa franja etaria se estima en un 24%, lo que equivale a unos 560.000 fumadores.
Y la caída del consumo de tabaco fue especialmente pronunciada en los jóvenes de 13 a 17 años: pasó de 27% en 2003 a 8% en 2021.
Aún así, el 15% de las muertes en Uruguay todavía se deben al consumo de tabaco, y tratar las enfermedades vinculadas al tabaquismo representa un 17% del gasto total en salud (1,5% del PIB). Además, únicamente el 26% de ese gasto se cubre con la recaudación de impuestos al tabaco.
«Ganar, ganar, ganar»
Uruguay sumó en 2007 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de tabaco, hasta entonces solo gravados con el Impuesto Específico Interno (IMESI). Con esto, la carga impositiva con relación al precio de la cajilla de cigarrillos de la marca más vendida pasó del 39% en diciembre de 2005 al 65% en julio de 2007.
«Sin embargo, hoy tenemos el mismo porcentaje que cuando se incorporó el IVA. Lo que proponemos es alcanzar la recomendación mínima de la OMS de un 75% en los próximos cinco años», apunta Triunfo.
Según los estudios, de aumentarse un 56% el IMESI en términos reales entre 2024 y 2028, la población fumadora caería casi en un 21%, o sea, habría unos 70.000 fumadores menos. Y la recaudación crecería un 5%.
Triunfo subraya que una subida del 10% del precio de la cajilla de cigarrillos reduciría el consumo entre un 6 y un 7%. Hoy en Uruguay un paquete de 20 cigarrillos cuesta unos 200 pesos (USD 5).
Mariana Gerstenblüth, también investigadora del Decon, subraya los beneficios de subir la carga impositiva al 75%: se reduciría el número de fumadores, la gente se enfermaría menos, se aumentaría la recaudación y se dispondría de más recursos para políticas de salud.
«Los impuestos para contrarrestar el consumo de tabaco suponen un ganar, ganar, ganar», enfatizó Wilson Benia, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay, durante la presentación de las investigaciones el lunes.
Como ejemplo, dijo que Colombia aumentó un 200% los impuestos al tabaco en 2016 y dos años después, el consumo había bajado un 34% y los ingresos fiscales se habían duplicado, todo implementado tras una ley de control del contrabando en 2015.
Los expertos no son ajenos a la realidad del comercio ilícito, pero descartan que un aumento de impuestos desplace a fumadores al mercado negro, como suele afirmar la industria tabacalera.
«Hay evidencia dentro y fuera de la región de que aún con presencia de comercio ilícito, la disminución del consumo se produce y el aumento de la recaudación y las ventajas fiscales se producen», dijo Benia, y recordó que existen herramientas como el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco para combatir el contrabando.
Este tratado internacional en el marco del CMCT rige desde 2018 y Uruguay lo ha ratificado.
