Por incurrir presuntamente en los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, la Fiscalía General de la Nación, dentro de su estrategia “Transparencia para la emergencia”, le imputó cargos al alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
Igualmente, el ente acusador endilgó esas conductas a Mónica Alejandra Corzo Rey, jefe de la Oficina de Gobierno y Desarrollo Social; y a Lucy Amparo Báez Suárez, representante legal de la Fundación de Proyectos Sociales y Económicos (Prococec), empresa contratista.
Ayudas humanitarias
La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades presentadas en el contrato de compraventa N CD 038-2020, que tenía como objeto “la adquisición de ayudas humanitarias y kit de prevención de propagación del Covid-19 para la población del municipio de San José de Miranda, con relación a la emergencia nacional generada por la pandemia del Coronavirus”.
En desarrollo del proceso, los investigadores evidenciaron inconsistencias en la celebración del mismo, así como posibles sobrecostos en la compra de los productos que tuvieron un valor de 90 millones de pesos, además de que los mismos no se entregaron a la comunidad para la que habían sido destinados.
Ninguno de los imputados se allanó a cargos.
Contraloría puso alerta
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas, así como a Mónica Alejandra Corzo Rey, jefe de la Oficina de Gobierno y Desarrollo Social; y a Lucy Amparo Báez Suárez, representante legal de la Fundación de Proyectos Sociales y Económicos (Prococec), empresa contratista.
Desde hace más de tres meses Corrillos! lo dijo. El sábado dos de mayo de 2020, basado en un informe preliminar de la Contraloría General de Santander, señalamos que en San José de Miranda habría cosas por investigar.
Cuando la gente más necesitaba apoyo de sus autoridades en San José de Miranda, suroriente de Santander, un municipio de la Provincia de García Rovira, el Alcalde y dos de sus aliados habrían cometido celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo.
La investigación no está concluida, se tendrá que escuchar al Alcalde y a sus dos aliados en juicio porque por ahora no aceptaron los cargos, es decir se van a audiencia en donde informarán si hay error en la investigación o si por desgracia cometieron el delito.
Posibles anomalías
El Alcalde Ortiz Cárdenas se posesionó el primero de enero de 2020, no hace ni un año, y ya es imputado por la Fiscalía. En San José de Miranda, un municipio no muy grande, de apenas 85 kilómetros cuadrados y su temperatura es casi fría debido a su altura, los 1.950 metros sobre el nivel de mar, había esperanza con la elección popular de su Alcalde, hoy son primera plana ante la imputación por delitos que habrían cometido en medio de la crisis humanitaria y social.
Como ya lo decíamos en nuestro informe anterior, en las verificaciones hechas por la Fiscalía quedaron en evidencia posibles anomalías en el contrato N° CD-038-2020, cuyo objeto es la adquisición de ayudas humanitarias y kits de prevención de propagación del Covid–19. El valor del contrato es cercano a los 90 millones de pesos.
