La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a Emilio José Tapia Aldana los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la unión temporal Centros Poblados, cuyo objeto era llevar el servicio de Internet a 7.000 escuelas rurales; así como el posible desvío de una parte de los dineros entregados por concepto de anticipo.
Inicialmente, Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.
Luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos, de los cuales $6.182’651.043 fueron entregados a Emilio Tapia, quien, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).
El excedente, algo más de 5.063 millones de pesos, el hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato.
Emilio José Tapia Aldana no aceptó los cargos. Actualmente, permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Picaleña, en Ibagué (Tolima).
