Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la misma entidad y el contratista Luis Eduardo López Rosero serán acusados el próximo 25 de julio por su implicación en el escándalo relacionado con la compra de 80 carrotanques para La Guajira.
La investigación realizada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia señala que estas tres personas podrían ser responsables de diversas acciones ilegales detectadas en varios procesos de contratación de la UNGRD, incluyendo la adquisición de los carrotanques.
«Durante las audiencias programadas en el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, estas personas serán imputadas según sus roles específicos, por delitos que incluyen conspiración para delinquir agravada, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documentos públicos y falsedad en documentos privados», afirmó la Fiscalía.
Además, el ente investigador ha remitido el caso a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue la posible implicación de nueve congresistas en el esquema de corrupción identificado. Esta acción se basa en menciones, evidencia y pruebas encontradas.
Los congresistas implicados son Karen Astrith Manrique Olarte, de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional; Iván Leonidas Name Vásquez, presidente saliente del Senado; Julio Elías Chagüi Flórez, de la Unión por la Gente; Andrés David Calle Aguas, presidente saliente de la Cámara de Representantes; Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador; Julián Peinado Ramírez, del partido Liberal; Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde; Liliana Esther Bitar Castilla, del Partido Conservador y Juan Pablo Gallo Maya, del Partido Liberal.
Sneyder Pinilla, exdirectivo de la UNGRD que, al igual que López, buscó un principio de oportunidad con la Fiscalía, implicó a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, como la «mensajera» del Gobierno en la presunta red de corrupción.
Según el relato de Pinilla, la exconsejera presuntamente entregó $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Calle para influir en la aprobación de reformas gubernamentales en el Legislativo.
