Como lo advirtió Corrillos! desde el sábado dos de mayo de 2020, basado en un informe preliminar de la Contraloría General de Santander, en San José de Miranda hay cosas por investigar.
San José de Miranda está ubicado en el suroriente de Santander, es un municipio que hace parte de la Provincia de García Rovira. No es un municipio muy grande apenas tiene 85 kilómetros cuadrados y su temperatura es casi fría debido a su altura, los 1.950 metros sobre el nivel de mar.
Viven allí unas cinco mil personas y en las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019 la mayoría de los votantes se inclinó por Donaldo Ortiz Cárdenas para que fuese su Alcalde para el periodo 2020 – 2023.
Contraloría: Primer aviso
Las cosas marchaban digamos dentro de la normalidad hasta el sábado dos de mayo de 2020 cuando Corrillos! apoyado en la Contraloría General de Santander informó que ese despacho adelantaba el correspondiente proceso mediante auditoría exprés a los municipios de Lebrija, Piedecuesta y San José de Miranda por las presuntas irregularidades en la contratación de mercados en el marco del Estado de Emergencia generado por la pandemia Covid-19.
Los equipos auditores ya hicieron desplazamientos a los municipios de Lebrija y Piedecuesta para inspeccionar, entrevistar y revisar las situaciones denunciadas por la comunidad, así mismo, se están realizando las investigaciones debidas para el caso de San José de Miranda.
La Contraloría de Santander no entró en mayores detalles para hablar de San José de Miranda (Santander), y su alcalde Donaldo Ortiz Cárdenas.
Fiscalía: Alcaldes sospechosos
Cuarenta y cinco días, el miércoles 17 de junio al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, no le tembló la voz para referirse a San José de Miranda (Santander), y su alcalde Donaldo Ortiz Cárdenas.
El Fiscal también mencionó a la Jefa de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey, y a la contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez.
El Fiscal General de la Nación aseguró el miércoles 17 de junio de 2020 que gracias al material probatorio recopilado por los grupos de policía judicial y los equipos de fiscales se solicitarán audiencias de imputación contra cuatro alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
Admitió el Fiscal Barbosa que a algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen y en atención a los lineamientos de la Directiva 0001 de 2020.
Y en efecto el Fiscal se refería entre esos Alcaldes al de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
Los otros alcaldes en el filo de la navaja son los de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro, de Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias, y de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina.
También Jefa y Contratista
El Fiscal no se detuvo, aseguró además que los elementos obtenidos en las investigaciones también permitirán imputar y pedir algunas medidas de aseguramiento a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas.
Mencionó el Fiscal a la Jefa de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey, y a la contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez.
Recordó el Fiscal General de la Nación que esos resultados se generan de las acciones investigativas y judiciales definidas en la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para generar acciones contundentes en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el Covid–19.
En los últimos 15 días, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de tres mil que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’. Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.
Gobernador encartado
Informó el Fiscal además que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.
Informó el Fiscal General de la Nación que entre los funcionarios y contratistas, además de los ya mencionados de San José de Miranda (Santander), los elementos obtenidos en las investigaciones también permitirán imputar y pedir algunas medidas de aseguramiento a otras 15 personas.
Lista que avergüenza
Secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo. Representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.
Exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado. Director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes.
Supervisor de contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa. Jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz. Contratista de Medellín, Luisa María Zapata Castiblanco.
Exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga. Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil. Secretario de Educación e Integración Social de Necoclí (Antioquia), Elías Manuel Carmona Ramírez.
Contratista en Necoclí (Antioquia), María Luisa Cuesta Machuca. Secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa (Antioquia), Daniel Fernando Alcaraz Múnera. Director Administrativo de Planeación en Barbosa (Antioquia) -supervisor de contrato- Hugo Aldemar Suárez Osorno.
Conductor de la Empresa Social del Estado (ESE) del Perpetuo Socorro en Villavieja (Huila), Jesús Aníbal Camacho Manrique. Docente y contratista en El Charco (Nariño), Jorge Eliécer Suárez Gamboa.
En los próximos días se tomarán otras decisiones por conductas penales relacionadas con corrupción durante el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica.
Posibles anomalías
En las verificaciones hechas por la Fiscalía quedaron en evidencia posibles anomalías en el contrato N° CD-038-2020, cuyo objeto es la adquisición de ayudas humanitarias y kits de prevención de propagación del Covid – 19. El valor del contrato es cercano a los 90 millones de pesos.
Aquí serán imputados el alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas; la jefe de Gobierno y Desarrollo Social, Mónica Alejandra Corzo Rey; y la contratista Lucy Amparo Báez Suárez, informó la Fiscalía.
