Senadora por el Centro Democrático deja en evidencia inconsistencias del discurso del Gobierno frente a las dinámicas que pretende activar con este proyecto de Ley, que a su juicio trae más problemas que soluciones para los usuarios y empresas.
A pesar de los partes de tranquilidad que ha enviado el Gobierno Nacional al país respecto de los cambios que incorpora la Reforma a la Salud que empezará a discutirse en el Congreso, son muchas las voces que siguen alertando sobre los problemas que acarrearía para el sistema la aprobación del articulado presentado por el presidente de la República, Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, hace poco menos de un mes.
Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, se unió a las críticas que en el pasado hicieran a este respecto los partidos de la coalición de gobierno: Liberal, Conservador y La U. A través de un hilo en su cuenta de Twitter, la congresista opositora señaló algunos de los puntos más críticos del proyecto de ley presentado por el Gobierno Petro.
“Ponencia para primer debate de reforma a la salud si elimina las EPS, entrega los recursos de la salud a fondos territoriales fomentando la corrupción, impone manual tarifario, y convierte el sistema mixto en uno único público”, inició el extenso hilo de la senadora por el Centro Democrático.
Defunción de las EPS
Adentrándose en los detalles de sus preocupaciones, explicó que a pesar de que el Gobierno ha dicho en muchos escenarios que no se eliminarían del juego las Entidades Promotoras de Salud, el artículo 141 de la Reforma dice otra cosa. “La ponencia le da fecha de defunción a las EPS dos años después de aprobada la reforma. Elimina la participación del sector privado en el aseguramiento en salud”, dijo Paloma Valencia.
Otro de los temas que ha sido cuestionado, incluso por miembros del gabinete ministerial como Cecilia López Montaño y José Antonio Ocampo, tiene que ver con la forma en que se harían los giros a las entidades prestadoras de servicios.
“La ponencia establece el Giro Directo como único mecanismo de pago por los servicios prestados. Ya habíamos logrado sacar este mico del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí lo siguen promoviendo. Le quita los recursos administrados por las EPS -Ahora Entidades Gestoras de Salud-; pero no queda claro si quedan a cargo del riesgo. ¿Quitan los recursos, pero tendrán que seguir asumiendo el riesgo?”, expuso Valencia.
De acuerdo con el análisis de la senadora, el articulado y la ponencia, que serán presentados ante el Congreso, eliminan de tajo el modelo de aseguramiento no solo en lo referente a la salud, sino también en lo financiero, yendo en contravía de los principios constitucionales que garantizan y establecen el derecho a la seguridad social.
Volver al pasado
Otro de los puntos críticos del nuevo modelo, tiene que ver con la forma en la que se administrarán los recursos: se pretende volver al antiguo sistema, donde éstos se giraban a los entes territoriales, situación que, en palabras de la ministra de Agricultura, ocasionó la debacle del Seguro Social, entidad de la que en su momento fuera directora.
“Se crean fondos departamentales y distritales; fragmentando los recursos y fomentado la burocratización de los mismos. Se vuelve al sistema corrupto de seguridad social de antes de los 90”, alertó Paloma Valencia.
La senadora de la oposición hizo énfasis en las dificultades que tendrían los usuarios para acceder a los servicios de salud, ya que sus opciones estarían limitadas a la atención que pueda brindárseles en sus territorios, de igual forma da un viraje hacia el asistencialismo, teniendo al Estado como único financiador.
Sin libre competencia
Advirtió también sobre la eliminación de la libre competencia en el sector salud, pues, se dejan por fuera del sistema a los actores privados. “Se elimina la integración vertical pero solo para los privados. El articulado generaliza mecanismos de contratación, financiación y pago directo a la red pública hospitalaria”, se lee en uno de los trinos.
Aseguró que en todo el articulado no hay un solo punto referido al costo que tendría que asumir el Estado por cuenta de los cambios abruptos que se harían hacia el asistencialismo, igualmente, que se estaría progresivamente dejando sin recursos al sistema con la reducción del presupuesto para temas sensibles.
“No es claro el impacto fiscal de la reforma. Se incluyen incentivos perversos: – Solo se hacen pagos a las gestoras cuando muestren factura. – Se da un pago anticipado del 80% a toda factura. – Toma recursos públicos para pagar deudas privadas, [además], se desfinancia el sistema. La ponencia reduce $11 billones anuales para servicios de salud, pues señala que el 87 % de los recursos de SGP deberá destinarse a la atención primaria”, puntualizó Paloma Valencia.
APN Noticias
