Según denuncias recientes recogidas por Human Rights Watch (HRW), el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha establecido “campamentos de resocialización” donde confinan a civiles bajo la sospecha de colaborar con el Ejército o de incumplir las normas impuestas por el grupo armado.
Testimonios describen un sistema de trabajos forzados, ejecuciones, violencia sexual y represión. Uno de los sobrevivientes que estuvo en uno de estos escabrosos lugares, señaló que el grupo que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 llevaba a esos sitios a los civiles de los que sospechaban que estaban colaborando con la Fuerza Pública o que incumplían con las normas que les impusieron.
Este esquema de represión y control social comenzó a operar en 2024, coincidiendo con el cese al fuego decretado por el gobierno dentro de su política de “paz total”.
En el observatorio de Derechos Humanos recordaron que por los niveles de pobreza que hay en El Catatumbo, la población civil se ve obligada a aceptar la connivencia con los insurgentes, ya que ellos en muchas ocasiones han financiado y construido obras de infraestructura que requieren en las comunidades como “carreteras, escuelas y hospitales”.
El informe de HRW también destaca que el grupo armado impone sanciones brutales a quienes se niegan a colaborar. Algunos testigos informaron que los prisioneros eran forzados a presenciar asesinatos como forma de intimidación.
